El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, detalló una síntesis del currículum de Gils Carbó, donde señala que se recibió de abogada en 1981 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En el Poder Judicial, se desempeñó como secretaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 8, Secretaría Nº 15, (1987-1989), y como prosecretaria letrada de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (1989-1998).

En el Ministerio Público, en tanto, ha ocupado diversos cargos y funciones como, por ejemplo, secretaria de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, representante del Ministerio Público ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, co-redactora del decreto reglamentario de la Ley de Protección de Datos Personales y fiscal general adjunta de la Procuración General de la Nación.

En otros puntos del CV se destaca que Gils Carbó es miembro de la Sección de Derecho Comercial del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados e integrante de la Comisión para el Estudio de la Reforma a la Ley de Quiebras Nº 19.551 de la Universidad Notarial Argentina.

Como docente universitaria desde el año 1987, la candidata del Ejecutivo dictó clases en carreras de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad del Salvador, Universidad de Belgrano, Universidad Notarial Argentina, Universidad Nacional San Juan Bosco, Trelew, Universidad Católica Argentina, Universidad Austral, Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, y la Fundación Cedett, Madrid, España.

Además, es autora de la obra Régimen Legal de las Bases de datos y Hábeas Data (La Ley, 2001, Buenos Aires), y ha colaborado en diversos libros en temáticas vinculadas con su especialidad.

Además, en el ministerio establece que durante 15 días, los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán presentar, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección.