Por esta sentencia, la madre de Marita Verón, desaparecida hace diez años, interpuso el pedido de juicio político contra el juez y sus compañeros de sala, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano, trámite que está en marcha en su primera etapa.

El magistrado consideró que el gobernador José Alperovich rechazó su renuncia porque "pretende transferir su exclusiva y excluyente responsabilidad e impericia a quienes por mandato constitucional les está impuesto la preservación de la presunción de inocencia y la condena basada únicamente sobre pruebas claras y concluyentes".

Además, calificó al pedido de juicio político como un "linchamiento público" y la búsqueda de "chivos expiatorios", e insistió en acusar al mandatario provincial de ser "la única persona que tuvo en sus manos los medios institucionales, políticos, materiales y efectivos para dilucidar la triste desaparición de Marita Verón, y que contó con el poder absoluto del Estado durante todos los años en que se podía mover cielo y tierra para esclarecer los hechos, recolectar pruebas e individualizar a los culpables".

En su escrito, el magistrado reivindicó el acceso a la jubilación como un "derecho irrenunciable e imprescriptible, que no se encuentra ni puede encontrarse sujeto a la voluntad de un tercero ni a una pretendida discrecionalidad omnímoda unilateral".