El juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra y las graves heridas sufridas por otras tres personas el 20 de octubre de 2010 durante una manifestación de empleados tercerizados de la ex línea de trenes Roca y militantes de partidos de izquierda ingresó definitivamente en terreno de alegatos. El tramo del debate en que los acusados contaban con la posibilidad de dar su visión de los hechos ante el Tribunal Oral en lo Criminal 21 concluyó ayer con las declaraciones de Cristian Favale, sindicado como uno de los hombres que disparó el arma homicida de Mariano Ferreyra, y Hugo Lompizano, ex comisario inspector señalado como uno de los efectivos federales que liberó la zona para que una patota de ferroviarios atacara a los manifestantes. Contrariamente a la advertencia que lanzó cuando comenzó el juicio, el ex secretario del sindicato Unión Ferroviaria José Pedraza, sobre quien pesa el cargo de instigador del crimen, decidió mantenerse en silencio. El viernes próximo alegará la querella de la familia de Ferreyra.

“Estuve en el lugar de los hechos. Llevé a un grupo de pibes, insultamos, tiramos piedras, saltamos y cantamos. Pero no llevé armas ni maté a nadie”, aseguró prolijamente Favale, en el marco de una breve manifestación que quiso realizar ante los jueces Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi minutos antes de que el período con el que contaban los acusados para ampliar sus declaraciones indagatorias culminara definitivamente.

La expectativa de una nueva intervención de Favale ante el TOC 21 sonó fuerte desde los primeros minutos de la audiencia de ayer. Sin embargo, las posibilidades de que cumpliera con las promesas que había realizado durante los días posteriores a los hechos en diálogos telefónicos grabados en el marco de la instrucción de la causa y que se oyeron el martes pasado en el debate estaban descartadas. “Si yo caigo, caen todos conmigo”, había advertido desde prisión Favale en relación con “los ferroviarios” porque “fueron ellos” los responsables del crimen de Ferreyra, vociferaba en aquellos diálogos telefónicos.

Es que, durante todo el juicio pero sobre todo en las últimas jornadas, las defensas de los miembros de la patota de ferroviarios –Favale, el otro acusado de disparar, Gabriel “Payaso” Sánchez, Juan Carlos Pérez, Daniel González, Claudio Alcorcel, Salvador Pipito y Guillermo Uño– y los dirigentes gremiales señalados como instigadores y organizadores del ataque –Pedraza, su ex número dos en el sindicato Juan Carlos “Gallego” Fernández y el delegado Pablo Díaz– cerraron filas y se acorazaron detrás de una misma barricada.

La letrada María Florencia Hagglin logró disuadir a su defendido de prender el ventilador, con lo cual la defensa en equipo estaba salvada. No obstante, Favale no se sentó frente al micrófono sólo para declararse inocente. “Muchas veces escuché decir de imputados ferroviarios o en versiones publicadas en los diarios, que los ferroviarios no mataban a nadie. Quizás era una manera de echarme la culpa a mí, el único imputado no ferroviario. Tienen su derecho”, deslizó, punzante.

Luego, culpó de su situación al testigo protegido Alejandro Benítez, quien al día siguiente del asesinato de Ferreyra lo acusó frente a la Justicia de haber disparado el arma homicida: “El testigo encubierto, el protegido –repitió el adjetivo varias veces– me acusó de algo que no cometí. Era un ferroviario, Benítez es un ferroviario, señores. Me acusó falsamente, instaló una imagen en todos los medios de comunicación. Desvió y corrió la mirada hacia mi persona. Evitó ser investigado él mismo. El señor Alejandro Benítez, que era uno de los que corría armado en primera línea –durante la persecución que realizaron los ferroviarios a los tercerizados– debería estar sentado en el banquillo de los acusados con nosotros”.

La declaración de Lompizano abusó de detalles en nada relacionados con la causa en la que está imputado por abandono de persona seguida de muerte y careció de especificaciones consistentes acerca de su función y desempeño como directivo de la Dirección General de Operaciones durante aquel 20 de octubre de 2010. “Fue una sorpresa. Jamás nos imaginamos que iba a ocurrir esto”, se escudó, entre las ya clásicas lágrimas que exhibieron la mayoría de los imputados en el juicio. El ex policía repasó un listado de llamados vía POC –una línea con la que cuentan los efectivos para comunicarse de la que no quedan registros– con los que sustentó su declaración: llamados recibidos y realizados, según él, a los diferentes protagonistas del servicio de seguridad que debía actuar aquella mañana. Titubeó cuando el juez Días le preguntó cómo se acordaba del contenido de los diálogos telefónicos, habida cuenta de que no quedan registros de los mismos y que habían pasado más de dos años de los hechos. Entonces, y en una maniobra que se convirtió en un paso en falso, sus defensores interrumpieron al magistrado advirtiéndole que no permitirían que el acusado contestara preguntas.

El ex policía, expulsado de la fuerza federal luego de su actuación en el desalojo del Parque Indoamericano, basó la coartada con la que justificó la ausencia e inacción policial durante el ataque a los tercerizados en Barracas en dos puntos: la teoría de que, con la llegada del kirchnerismo al gobierno, la orden de no criminalizar la protesta indicaba a las fuerzas de seguridad públicas alejarse de las masas de gente manifestándose “para no generar conflictos” y la certeza de que los manifestantes se trasladarían aquella mañana a la estación ferroviaria cabecera Plaza Constitución, ante la imposibilidad de realizar el corte de vías planificado. “Yo estaba completamente convencido de que se iban a Constitución”, aseguró con gesto de sorpresa.