"No se puede controlar la inmigración si hay un sistema de seguridad social que no tiene en cuenta la contribución, un sistema de salud que no considera a quienes lo están usando y una política de vivienda que no piensa el tiempo que alguien vivió en un lugar", comentó.

En ese marco, en un discurso en la ciudad de Ipswich, Cameron anunció que para fines de este año "se va a endurecer la prueba que determina qué inmigrantes pueden acceder a beneficios". La fecha es clave porque en 2014 terminan las restricciones que tienen los búlgaros y rumanos, que entraron a la Unión Europea en 2007, para trabajar en el Reino Unido.

Además, todos los ciudadanos de los países del bloque continental podrán cobrar el subsidio por desempleo solamente por seis meses, excepto que "puedan probar que genuinamente están buscando empleo y que realmente tienen una posibilidad de lograrlo".

El primer ministro también anunció que "es correcto" que los inmigrantes europeos o sus gobiernos paguen por utilizar el Servicio Nacional de Salud (NHS), hasta ahora gratuito. Para aquellas personas fuera del bloque continental también se empezará a cobrar "de forma estricta" una tarifa por la atención médica o se pedirá que una aseguradora privada se haga cargo de los costos.

El premier también adelantó que se implementará un examen donde los inmigrantes "deberán demostrar que vivieron y contribuyeron en el Reino Unido por lo menos dos años" para calificar a una vivienda social.

Además, Cameron enviará al Parlamento un proyecto de ley para que aquellas personas con situación migratoria irregular no puedan alquilar una casa u obtener la licencia de conducir. También se aumentarán las multas a aquellas empresas que contraten personal que legalmente no podría trabajar en el Reino Unido.

"La inmigración correcta no sólo es buena para el país, es esencial, pero no podemos dejar que sea un sustituto para capacitar nuestra propia fuerza laboral y darles incentivos para trabajar", expresó Cameron.

La Comisión Europea (CE) ya adelantó que analizará las medidas presentadas por el gobierno británico, para comprobar si respetan los principios de libre circulación o al derecho de residencia que existe en el bloque.