El procesamiento sin prisión preventiva de Cameron fue dictado por Torres a pedido de la la Cámara Federal, quien al procesar a Taselli en noviembre de 2011 entendió que "aún subsiste la sospecha que durante el período que duró la concesión otorgada a YCRT SA (Yacimientos Carboníferos Río Turbio) existieron distintas irregularidades atinentes al manejo, administración y custodia de los bienes estatales transferidos". En la misma condición quedó otro miembro del organismo, Jorge Enrich Balada.

Según el fallo del juez, "queda por discernir" si las irregularidades de las que se acusa al empresario "fueron consecuencia de la connivencia" de éste "con los funcionarios que debían controlar el cumplimiento del contrato de concesión o, cuanto menos, fueron posibles por el incumplimiento de los deberes que dichos sujetos debían observar".

Torres recordó que tanto Cameron como los otros funcionarios que declararon en la causa "hicieron hincapié en la falta de inventarios" y en la escacez de recursos para justificar las dificultades en la fiscalización del yacimiento. Sin embargo, consideró que eso no alcanza para explicar por qué "no se llevaron adelante tareas de control profundas sobre la actividad del concesionario".

El magistrado sostuvo que las faltas de Taselli "fueron posibles gracias a un 'dejar hacer', achacable a los miembros de la CFRT que se desempeñaron previo al año 2000". Enumeró al menos cinco irregularidades constatadas, entre ellas la adquisición de máquinas Turbo Gas, la transferencia del Buque Corrientes II, la transferencia de bienes en contravención a lo establecido en el contrato, el aumento fraudulento del patrimonio de la concesionaria por 10 millones de pesos y "la modificación de la actividad de la empresa adjudicataria en dirección a inversiones de mediano y largo plazo, para lo cual (...) se desviaron al menos parte de los subsidios". Según el juez, esto significó una defraudación al estado de más de 37 millones de pesos.