Tras más de diez años de litigios, en octubre del año pasado, el tribunal de apelaciones confirmó la decisión de Griesa que obliga a pagar a quienes no entraron en los canjes de 2005 y 2010 y optaron por la vía judicial. El fallo consagró el criterio de pari passu o garantía de igual trato para todos los acreedores e indicó que en el mismo momento que la Argentina pague a los que tienen bonos reestructurados, también debe pagar a aquellos que hicieron el reclamo en sede judicial.

Debido a que el pari passu es una decisión que se basa en la ley de contratos del Estado de Nueva York, es poco probable que el asunto sea considerado por la Corte Suprema de los EE.UU., el más alto tribunal de apelaciones del país.

La Argentina, que el pasado 27 de febrero mantuvo una audiencia con los holdouts, ahora deberá proporcionar una fórmula para el pago antes del 29 de marzo.

Cabe recordar que si en lugar de reestructurar su deuda externa a través de dos canjes con una importante quita, reducción de intereses y extensión de plazos, Argentina hubiera reconocido a los bonistas en default la totalidad de sus acreencias, como reclaman los fondos buitre, el stock de deuda externa sería 75 mil millones de dólares más abultado.

La Argentina sostiene que no puede darles a los fondos buitre un tratamiento diferenciado y más favorable que al resto de los acreedores que participaron del proceso de reestructuración de la deuda y, por eso, ofreció en noviembre, sin precisiones, tratar a los buitres en los mismos términos que el país ofreció durante el segundo canje en 2010.

Antes de que se difundiera la resolución de la jornada, el equipo económico había comenzado a trabajar en la oferta que debía enviar el 29 de marzo a la Corte de Nueva York.