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Los Hermanos Musulmanes estuvieron prohibidos durante el gobierno del derrocado Hosni Mubarak, aunque fueron representados en ocasiones en el Parlamento mediante candidatos independientes. El partido fundado tras la "Primavera Árabe" por la fuerza política Libertad y Justicia llevó como candidato a mursi en las elecciones de 2012.

Las movilizaciones de ayer por el retorno del islamita Mursi dejaron, además de muertos y heridos, más de mil personas arrestadas, todos partidarios de los Hermanos Musulmanes. En tanto, unidades especiales de las fuerzas de seguridad entraron en la mezquita Al Fateh de El Cairo para expulsar a quienes desde ayer se habían atrincherado para protegerse.

Según la televisión egipcia, seguidores del mandatario depuesto escalaron el minarete de la mezquita -situada en la de la plaza Ramsés- y dispararon contra los agentes que rodean el lugar, que respondieron al fuego. En el desalojo del templo fueron arrestados siete hombres armados, informaron fuentes de los servicios de seguridad. Entre ellos hay un turco, un sudanés y dos extranjeros árabes más cuyo país de origen todavía no está claro. Por el momento no se informó sobre posibles víctimas.

El gobierno egipcio aseguró a través de un portavoz que tras los disturbios de los últimos días se actuará "con mano de hierro contra el terrorismo". Egipto se "enfrenta a una guerra lanzada por fuerzas extremistas que se desarrolla cada día para convertirse en una especie de terrorismo", afirmó por su parte el asesor presidencial Mustafa Hegazy. "Nos enfrentaremos al extremismo y al terrorismo haciendo cumplir la ley (...). Egipto no es un país débil", agregó, en declaraciones ante la prensa.

La situación en Egipto se agravó el miércoles, tras el violento desalojo de dos campamentos de protesta de los seguidores de Mursi en El Cairo. Los islamistas han anunciado una semana de manifestaciones contra el gobierno instaurado tras el golpe contra Mursi, lo que aumenta los temores de que continúe el derramamiento de sangre. Bajo las leyes de emergencia aprobadas por el gobierno esta semana, la policía tiene permiso para usar armas de fuego en defensa propia y contra manifestantes que ataquen edificios estatales.