Sábado, 8 de febrero de 2014 | Hoy
18:23 › UNA INVESTIGACIóN QUE HACE TEMBLAR A LA MONARQUíA
La hija del rey de España se presentó a declarar ante la Justicia y rechazó los delitos por blanqueo de capitales y evasión fiscal de los que se le acusa por su condición de copropietaria de la sociedad Aizoon, a la que su esposo, Iñaki Urgandarín, habría desviado parte de los 6 millones de euros de los fondos públicos que se apropió indebidamente.
Al llegar al tribunal, la infanta Cristina se mostró tranquila pero evasiva ante el juez durante su declaración. "Viene muy bien preparada y contesta 95 por ciento evasivas" a las preguntas del juez José Castro, señalaron a la agencia DPA fuentes de una de las acusaciones populares durante un receso del interrogatorio en los juzgados de Palma de Mallorca.
En una cita histórica -es la primera vez que un miembro de la familia real tiene que responder ante la Justicia en un proceso penal- la hija del rey Juan Carlos se desvinculaba así de Aizoon, la empresa de la que es copropietaria al 50 por ciento con Urdangarin.
La fiscalía sostiene que a ella habría desviado el exjugador de balonmano una parte importante de los 6 millones de euros de dinero público de los que presuntamente se apropió junto a su entonces socio al frente del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro vinculada al mundo del deporte que logró suculentos contratos de administraciones públicas por un presunto trato de favor al yerno del rey.
Cristina voló a primera hora de la mañana de Barcelona a Palma de Mallorca y llegó hasta la misma puerta del juzgado en automóvil, haciendo uso del permiso que las autoridades judiciales le habían dado para no bajar andando la rampa que da acceso a la entrada del juzgado. Un lugar en el que la esperaban más de 100 periodistas, cámaras de televisión y objetivos fotográficos.
Sonriente y aparentemente tranquila, vestida con chaqueta negra y pantalón azul, con tacones bajos, saludó hasta en tres ocasiones con un "buenos días" a la prensa, al llegar al tribunal 15 minutos antes de la hora a la que había sido citada. Con ella, en el automóvil, llegó Miquel Roca, su abogado principal, uno de los padres de la Constitución española. Poco antes, otro de sus letrados, Jesús Silva, declaró a los periodistas que la hija del rey estaba "tranquila".
El juez Castro imputó a la infanta, de 48 años, el 7 de enero, después de haberlo intentado ya en abril del año pasado, cuando una primera imputación como cómplice de su marido fue anulada por una instancia judicial superior. Castro instruye desde hace más de tres años el "caso Nóos", en el que se investigan los negocios que el yerno del rey hizo entre los años 2003 y 2006 al frente del Instituto Nóos. La declaración de hoy de la infanta es una de las últimas diligencias en la instrucción del caso.
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