Se trata de las viviendas de las familias de los dos palestinos que habrían matado a cuatro rabinos y un policía el martes en una sinagoga en Jerusalén; un palestino acusado del asesinato de un policía fronterizo israelí con su vehículo el 5 de noviembre y otro que disparó contra un activista radical judío el 22 de octubre.

Las familias tienen 48 horas para apelar la decisión, informó una portavoz militar en Jerusalén. Ayer miércoles Israel derribó la vivienda de otro palestino que mató a un bebé de tres meses y a una mujer ecuatoriana en otro ataque con su vehículo el 22 de octubre.

El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Jeff Rathke, había urgido a Israel a no utilizar las demoliciones como medidas de castigo, que consideró "contraproducentes en una situación ya de por si tensa". "Es una práctica que me gustaría recordar que el propio gobierno israelí interrumpió en el pasado, reconociendo sus efectos".

Además condenó la aprobación por parte un comité de planificación local de Jerusalén de la construcción de 78 viviendas en los asentamientos de Har Homa y Ramot en Jerusalén Este.