Epszteyn afirmó que las empresas concesionarias “tienen el contrato vencido desde 2001, es decir, hace más de 13 años, por lo cual la relación contractual con el gobierno (porteño) está rozando la ilegalidad”. Mientras el valor del acarreo “pasa de 450 a 580, el canon que estas empresas aportan al gobierno de Buenos Aires, cuando lo aportan, es de 55,000 pesos por mes, lo cual no guarda ninguna relación entre los ingresos y lo que aportan”, señaló el auditor porteño, quien agregó que “además de este ingreso de 580 pesos por auto, este año las empresas han recibido un subsidio superior a los 55 millones de pesos a través de una partida del presupuesto que se llama alquiler de maquinarias”.

Epszteyn afirmó que “desde 2010 se han transferido más de 170 millones de pesos”, y consideró que “no se entiende porqué (las empresas) están subsidiadas cuando además los agentes de tránsito que van arriba de las camionetas para fundamentar la contravención son empleados del gobierno de la ciudad”.

Según el auditor, “las empresas cobran más dinero cuanto más autos llevan, con lo cual tienen un incentivo a llevarse autos”, y esto “demuestra que el objetivo es absolutamente recaudador y no de reordenamiento del tránsito”.

Epszteyn remarcó que la relación del gobierno porteño y las empresas “es una situación que roza la ilegalidad y es absolutamente ridícula a favor de estas empresas que se encuentran con un contrato vencido y que no se licita, ya que hacen todo lo posible para no licitar”.