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Si bien miembros de la CIDH estarán presentes en la entrevista que el próximo jueves 24 de septiembre concedió el presidente Enrique Peña Nieto a los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos, la visita del pleno del organismo, por invitación del gobierno mexicano, se realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Los expertos de la CIDH trabajan desde hace tiempo en la investigación no sólo de la desaparición y presunta masacre de los 43 estudiantes en Iguala, estado de Guerrero, sino en la violencia que envuelve a México por distintas causas.

Sobre el hecho puntual, un informe presentado a principios de este mes puso en jaque la hipótesis oficial que planteó la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), que indica que los estudiantes fueron atacados por policías que respondían al alcalde José Luis Abaca, hoy detenido, y luego los entregaron a gente del cartel Guerreros Unidos para que los asesinaran a hicieran desaparecer incinerándolos en un basurero de Cocula, localidad lindera a Iguala.

Los expertos de la CIDH, entre los que están la exfiscal colombiana Angela Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz, pidieron un peritaje al experto peruano José Torero —quien participó en estudios tras el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001— que estableció que en el lugar no hubo un incendio como para quemar 43 cuerpos.

Los expertos señalaron también un gran número de fallas en la investigación y dijeron que hay indicios de que los cinco detenidos que confesaron el crimen fueron torturados, lo cual pone más presión al gobierno de Enrique Peña Nieto en un caso que despertó indignación mundial.

En otra muestra de la repercusión negativa de la situación interna de México, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) pidieron el último miércoles al gobierno mexicano que cumple con las recomendaciones del grupo interdisciplinario de la CIDH sobre la masacre de Iguala.