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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro anuló el fallo que absolvió a los tres imputados del crimen del estudiante Atahualpa Martínez Vinaya, cometido en 2008 en la ciudad de Viedma, y ordenó que se reabra la causa con la incorporación como prueba de una campera con manchas de sangre de la víctima, que había sido desechada en el juicio oral.

La titular de STJ rionegrino, Liliana Piccinini, dio esta tarde a conocer la resolución por la que se hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el fiscal Fabricio Brogna López contra la sentencia absolutoria dictada en 2014 por la Sala A de la Cámara Penal de la capital provincial.

Esa Sala estaba presidida por el suspendido juez Juan Bernardi, actualmente procesado por corrupción de menores y sujeto a un juicio político por parte del Consejo de la Magistratura.

"Este fallo está dentro de lo que nosotros esperábamos, que es revisar todo el proceso y ver esa prueba de la campera y saber si en el proceso que llevaron adelante hasta el 2014 hay algo que nos indique la verdad sobre lo que pasó ese 15 de junio de 2008", dijo a Télam Laura Vinaya, prima de la víctima.

"La campera, esa prueba tan preciada, casi la única que tiene esta causa, fue descubierta en 2008, pero nosotros recién nos enteramos que existía durante el juicio, en el 2014", agregó Laura tras conocerse el fallo en la sala de Acuerdos del STJ.

Allí también estuvo presente Julia Vinaya, madre de Atahualpa, quien al escuchar la resolución de Piccinini se abrazó emocionada con otros familiares y allegados que la acompañaban.

Por su parte, los imputados Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo asistieron a la lectura del fallo del STJ y se retiraron de los tribunales sin hacer declaraciones, en tanto que el tercer acusado, Belén Barrientos, no estuvo presente.

Atahualpa Martínez Vinaya (18) cursaba quinto año del secundario cuando el 15 de junio de 2008 su cadáver con un balazo calibre 22 en la espalda, apareció en un descampado de las afueras de la ciudad rionegrina de Viedma.

Las circunstancias en las que se cometió el crimen no fueron aclaradas en el juicio oral que terminó en octubre de 2014, tras lo cual, Legislatura rionegrina formó una comisión especial investigadoraque en diciembre último reveló una serie de errores procesales y recomendó que se reabriera la causa y se reconociera como prueba la mencionada campera.

El dictamen de la comisión especial criticó a la fiscal del caso, Daniela Zágari, actual camarista penal, "por la inaceptable demora, de prácticamente cuatro años, en hacer efectivos los resultados de la pericia genética realizada sobre una campera de jeans, secuestrada como prueba en uno de los allanamientos de la investigación".

La pericia, efectuada en septiembre de 2008 pero incorporada a la causa recién en 2012, revelaba la presencia de rastros de sangre compatibles con la del joven asesinado.

La defensa del acusado Carrasco, en cuya casa se encontró la campera, logró durante el juicio que el allanamiento y secuestro de ese elemento quedaran invalidados por fallas procesales, tales como la presencia de un solo testigo y el horario empleado, lo que finalmente fue anulado por el STJ.