Tras un año de investigación, la Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión Investigadora del homicidio del estudiante Atahualpa Martínez Vinaya, de 16 años, asesinado de un disparo por la espalda. En el informe, confeccionado luego de la revisión de un expediente de 5234 fojas, se afirma que “con espanto constatamos una continuidad de irregularidades, impericia o impotencia, desde el primer momento en que se encuentra el cuerpo y se contamina el lugar, siguiendo por la ausencia de medidas periciales”, sostuvo la legisladora Susana Diéguez (FpV), quien confirmó que el dictamen señala todas las “gruesas irregularidades” cometidas durante la instrucción por personal judicial y policial. El texto dice que el caso estaría vinculado con el posible encubrimiento de una banda dedicada al narcotráfico, a la vez que deja constancia de que la víctima nada tenía que ver con esa actividad.

El caso Martínez Vinaya llegó a juicio oral en el 2014, con tres imputados civiles, dos hombres y una mujer, que fueron absueltos “por falta de pruebas”. El dictamen de la Comisión Investigadora, aprobado por unanimidad en la Legislatura rionegrina, solicita que se intensifique la investigación retomando hipótesis que fueron descartadas y mediante la realización de nuevas pericias. Además, en todo momento señala las graves fallas que tuvo la investigación policial y judicial.

Antes de la aprobación del informe, los legisladores escucharon la exposición de Julieta Vinaya, la madre de Atahualpa. La comisión parlamentaria, presidida por Susana Diéguez, estuvo integrada por diputados de Juntos Somos Río Negro y la UCR; ellos analizaron el expediente surgido en el juicio oral que se realizó entre los meses de agosto y octubre de 2014.

Entre otros detalles, el informe, al que tuvo acceso Página/12, denuncia “deficiente autopsia, pérdida de tiempo detrás de supuestos dichos, generalmente originados en personal policial; allanamientos de dudosa legalidad; una campera en la que se detecta sangre de la víctima que quedó cajoneada durante cuatro años; y diferencias, con ruptura del diálogo entre la fiscal y el jefe policial a cargo de la investigación”.

Los legisladores cuestionaron la actuación de la fiscal Daniela Zágari, actual camarista en el fuero penal, “por la inaceptable demora, de prácticamente cuatro años, en hacer efectivos los resultados de la pericia genética realizada sobre una campera de jean, secuestrada como prueba en uno de los allanamientos de la investigación”.

La pericia fue realizada en septiembre de 2008, pero recién la incorporaron al expediente en el año 2012. El examen señalaba la presencia de rastros de sangre, compatibles con las del joven asesinado, en una campera hallada en la casa de Felipe Carrasco, uno de los imputados absueltos, pero que pertenecía a Carlos Morales Toledo, otro de los sospechosos, quien reconoció la prenda como suya. La tercera persona absuelta por “falta de pruebas” es Melisa Belén Fernández Barrientos.

La defensa del acusado Carrasco logró, en el juicio oral, que el allanamiento y secuestro de esa campera quedaran invalidados por “fallas procesales” absurdas como la presencia de un solo testigo y el horario empleado para realizar el procedimiento. Esa decisión tomada en el juicio oral fue apelada por la fiscalía y el tema se encuentra aún en el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que analiza el planteo de casación. El pronunciamiento de los legisladores incluye recomendaciones al Poder Ejecutivo provincial “para que se implementen adecuadamente los protocolos policiales escritos; y que se ponga en funcionamiento la Auditoría General de Asuntos Internos de la policía rionegrina, que fue creada por ley” y que permanece inactiva.

Los legisladores reclamaron al Poder Judicial que intervenga para que la Procuración y las fiscalías cuenten con personal de investigación y que establezca “claros protocolos de actuación forense, en particular para las autopsias”. Respecto de la campera en cuestión, el dictamen solicita que se levante la medida de inhibición como prueba y se vuelvan a hacer pericias más completas para identificar quién la usaba el día del crimen.

Los legisladores decidieron también remitir a la Justicia Federal datos complementarios a la investigación, vinculados con la posible relación del hecho con una organización dedicada al tráfico de drogas, y dejaron constancia que la víctima nada tenía que ver con esas actividades.

Julieta Vinaya, la mamá de Atahualpa, agradeció la labor de la comisión creada hace un año por la Legislatura ante un pedido suyo y si bien dijo que no sabe “si alguna vez voy a saber la verdad sobre la muerte de mi hijo”, recalcó que su objetivo es que situaciones parecidas “no vuelvan a suceder, para que otras familias no tengan que pasar por lo que hemos pasado nosotros”.

Atahualpa Martínez Vinaya murió el 15 de junio de 2008. Ese día había concurrido al pub Miloca, en Viedma, junto con un amigo, Juan Pablo Guachinchail, quien se separó de él por unos minutos para ir al baño. Cuando volvió a buscar a Atahualpa, con quien pensaban ir a comer una pizza, ya no lo encontró. Su cuerpo apareció al día siguiente en un descampado, a 5 kilómetros, asesinado por la espalda con un arma calibre 22. Los dos patovicas y los dos policías que estaban en la puerta del boliche dijeron que no lo vieron salir a Atahualpa, que medía un metro ochenta centímetros y pesaba 100 kilos.