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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dijo recononocer "un error en la redacción" del decreto 647 y anunció a través de un comunicado que derogará los polémicos artículos 1, 2 y 7 del mismo. En ese decreto, la gobernadora María Eugenia Vidal reglamentó el modo en que se harán públicas las declaraciones de los funcionarios públicos bonaerenses y dispuso que habrá una versión extendida, que tendrá carácter reservado, y otra sintética, a la que se podrá acceder de forma pública.

El decreto contemplaba sancionar con penas de hasta dos años de prisión a funcionarios, empleados y terceros que “vulneren el carácter y/o contenido” de las declaraciones reservadas de ministros, subsecretarios, directores, policías y agentes del servicio penitenciario. La medida disponía “sanciones” a quienes difundan “cualquiera de los datos” contenidos en las versiones extendidas de las declaraciones y para quienes usen “indebidamente” las versiones sintéticas o “cualquiera de los datos en ellas contenidos”.

La marcha atrás anunciada, según el Ejecutivo bonaerense, es para "despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier asunto de interés público". Antes, debido a las reacciones por su decreto, Vidal utilizó su cuenta de Twitter para aclarar que si existía "alguna cuestión técnica que generó dudas", la misma sería "revisada".

La Declaración Jurada Patrimonial alcanza a un total de 55.000 funcionarios, entre ellos la gobernadora, el vicegobernador, ministros, secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados; subsecretarios y "todo otro funcionario con jerarquía equivalente, directores provinciales, directores y todo otro funcionario con jerarquía equivalente o superior a director, personal de Gabinete y secretario privado según Ley N° 10.430". También incluye al personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una comisaría.

La Cámara de Senadores tiene previsto aprobar un proyecto que ratifica el decreto de Vidal pero que incluye también a los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa invita también a que hagan pública la declaración jurada patrimonial los integrantes del Poder Judicial, intendentes y concejales.