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Era el cruce más esperado, pero no pudo ser. Toda la atención de la exposición del ministro de Energía, Juan José Aranguren, ante el plenario de comisiones en Diputados estaba en la posibilidad de un intercambio con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, quien es además titular de la Comisión de Energía. De Vido prefirió evitar que su presencia desviara el centro de atención hacia el terreno de la “herencia”, involucrándolo en un inútil duelo con Aranguren. “En virtud del intento explícito del gobierno nacional y diputados del oficialismo de promover un debate sobre lo realizado en los últimos 12 años en materia energética enfocándose en mi persona, en lugar de dar las explicaciones que espera la sociedad en relación a cuáles fueron los criterios técnicos y fundamentos del brutal tarifazo que llena de angustia a las familias argentinas, quiero informar que no estaré presente en la plenario de comisiones del día de hoy”, se excusó a través de una carta que leyó su presidente de bloque, Héctor Recalde.

Mientras unos esperaban el cruce, otros (diputados del oficialismo) no pudieron ocultar una expresión de alivio cuando Recalde confirmaba que De Vido sólo estaría presente a través de una carta, que incluso se debatió si podía leerse durante la sesión o no. Recalde asumió su representación y utilizó parte del tiempo estipulado para los presidentes de bloque para leer el escrito, que justificaba el faltazo. “Dicha decisión, de carácter estrictamente personal, tiene por objetivo evitar que se desvíe la discusión hacia cuestiones que responden a diferentes concepciones ideológicas y políticas, especialmente en relación al rol del Estado, la soberanía nacional y el libre mercado, como ha quedado de manifiesto en los numerosos debates que en forma pública y privada hemos mantenido con quien hoy es ministro”, señala la misiva.

“Con esas tarifas que muchos califican como atrasadas, se invirtieron en el sector 25 mil millones de dólares. Sería muy extenso enumerar todo lo que se realizó. Pero baste con recordar algunos logros: terminamos Atucha II, Yacyretá, construimos 5500 kilómetros de líneas de alta tensión con los que incorporamos 11 provincias a la red nacional, aumentamos 12 mil megavatios a la capacidad instalada, con un pico de consumo que pasó de 14.500 megavatios en 2003 a más de 25.000 en 2015. Asimismo, recuperamos YPF e hicimos posible la incorporación de 2,5 millones de hogares a la red de gas y 6 millones al servicio de electricidad”, agrega. “La recuperamos aun con los votos en contra de ustedes”, fue la licencia que se tomó Recalde al agregar esta chicana en la lectura de la carta.

En el escrito, De Vido insiste en que no era necesario el tarifazo para que se realicen inversiones, un argumento reiterado por el gabinete oficial. “Todo fue posible con tarifas competitivas, con costos argentinos, que hicieron posible la creación de 6 millones de puestos de trabajo, un crecimiento de la industria exponencial y, sobre todo, que millones de argentinos puedan pagar las tarifas de gas y electricidad”, continuó. “Es falso que las tarifas estuvieron congeladas 12 años: desde el año 2008 pusimos en marcha mecanismos de quita de subsidios a los usuarios de mayor poder adquisitivo, siempre protegiendo a los hogares de menores recursos. Esperamos que el ministro explique lo que se preguntan tanto el pueblo argentino como la Corte Suprema de Justicia: cómo llegó a esos salvajes porcentajes de aumentos que ni él mismo pudo fundamentar cuando visitó el Senado”, concluye la carta del ex ministro.

Cambiemos

En su argumentación, el espacio del Frente para la Victoria hace hincapié en el impacto del ajuste y transferencia de ingresos de los trabajadores y la clase media a los sectores agroexportadores concentrados que aplicó el gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, destacaron dos medidas complementarias y en sentido opuesto. Por un lado, redujo y eliminó retenciones agropecuarias y, por el otro, buscó cubrir esa merma de ingresos con un tarifazo del gas y la electricidad. Se estima que el impacto fiscal de la quita y reducción de retenciones fue de 63.700 millones de pesos para este año. Por el contrario, el tarifazo a la clase media y baja implicó una transferencia de recursos de 95.000 millones de pesos (37.000 millones por luz, 54.000 millones por gas -aun con los topes de 400 y 500 por ciento en las facturas-y 4000 millones por agua. “El efecto final fue una brutal redistribución de ingresos hacia sectores de mayores recursos”, dijeron desde el entorno de De Vido.

Esa transferencia fue mucho mayor cuando se analiza el tarifazo en el servicio de gas. Según explicaron a este diario, en ese caso “no sólo se redujeron fuertemente las erogaciones del Estado para mantener tarifas competitivas que promuevan la industria y el consumo, sino que se aumentó el precio que perciben las productoras”. Esto implica una transferencia directa de 3300 millones de dólares de las familias a un puñado de empresas petroleras.

Un trabajo realizado por asesores del ex ministro destaca la incorporación de usuarios a los servicios de gas y electricidad desde 2003 hasta el año pasado. Asegura que se sumaron 2.431.730 usuarios a la red de gas, lo que implicó un aumento del 40 por ciento en doce años. Al tendido eléctrico se incorporaron 5.832.274 usuarios, un incremento del 73 por ciento frente a los registros de 2003. El resultado es que a fines de 2015 se registran 8.500.126 usuarios de gas por red en el país y 13.753.932 conectados al sistema eléctrico, según cifras de Enargas y Adeera (asociación de distribuidoras eléctricas).

Otro punto discutido en el plenario de comisiones fue que la manera en que se estructuró el tarifazo no discriminó entre quienes menos tienen y los de mayores ingresos. Por el contrario, la quita de subsidios derivó en que los más perjudicados sean en términos relativos los de clase media y baja. En ese sentido, recordaron que la quita de subsidios que se inició en diciembre de 2011 para sectores puntuales con el anterior gobierno fue por el carril opuesto. En esa fecha se redujeron y eliminaron subsidios de gas y electricidad por 4057 mil millones de pesos a industrias agroquímicas, de procesamiento de gas, biodiesel, refinación, aceiteras, mineras y petroleras, como así también a bancos, financieras, casinos, hipódromos, aeropuertos internacionales y telefónicas. En mayo de 2012 se aplicó una quita a 28.604 usuarios residenciales de altos ingresos. En enero de 2012 se acogieron a la renuncia voluntaria 33.200 usuarios, por 21,9 millones de pesos. Ese año se sumaron 223.000 usuarios de countries (385,5 millones de pesos) y 9000 familias de Puerto Madero, Barrio Parque y Recoleta (15,5 millones de pesos).

Pese a esa quita de subsidios, el documento destaca que se llevó a cabo un plan de obras que permitió la incorporación de 12.400 megavatios, 5500 kilómetros de tendido de nuevas líneas eléctricas, 3300 kilómetros de gasoductos troncales, la construcción del Gasoducto del NEA e inversiones en energías renovables. Esto derivó, se subraya, en que la participación del Estado en inversión energética creciera de niveles del 3 por ciento en 2003 a un 45 por ciento el año pasado.