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- Reforma rural integral

El 26 de mayo de 2013, luego de casi seis meses de negociación, se logró el primer acuerdo parcial entre las dos delegaciones: el de una reforma agraria que incluye distribución de la tierra para los campesinos que no poseen o tienen terrenos insuficientes mediante la creación de un fondo de tierras.

- Participación política para las FARC

El segundo acuerdo parcial se logró el 6 de noviembre de 2013 y fue el de la participación política para los guerrilleros. En este punto se garantiza el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político colombiano.

Entre sus lineamientos más importantes se encuentra la creación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, las cuales buscan promover la integración territorial y la inclusión política en zonas afectadas por el conflicto armado, al tiempo que se establece un periodo de transición en el que estas poblaciones contarán con una representación especial en la Cámara de Representantes.

- Solución al problema de las drogas ilícitas

El punto de las drogas ilícitas en el país se logró el 16 de mayo de 2014. El tema del narcotráfico, tercero acordado en las negociaciones, está centrado en varios ejes principales.

En primer lugar, las FARC se comprometieron a poner “fin a cualquier relación que en función de la rebelión hayan establecido" con el narcotráfico. Este acuerdo también está sustentado en la prevención del consumo de drogas y el tratamiento de esta problemática en una política de salud pública.

- Justicia transicional y víctimas

Este tema, sin duda el más discutido en la agenda, fue firmado el 23 de septiembre de 2015, fecha en la que además el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, alias Timochenko, fijaron seis meses como plazo para firmar la paz. El plazo se venció en marzo de este año y, obviamente, no se cumplió.

Con ese acuerdo, las FARC no sólo aceptan acogerse a un sistema de justicia especial para la paz, sino que reconocen los estándares de la justicia internacional y, además, el reconocimiento histórico de las víctimas del conflicto.

Se acordaron penas alternativas entre 5 y 8 años de restricción de la libertad para los que digan la verdad de manera temprana. Esto sumado a trabajos, obras y actividades que contribuyan a la reparación de las víctimas.

Los que reconozcan su responsabilidad de manera tardía tendrán las mismas penas, pero deberán pagarlas en una cárcel ordinaria. Y los que no reconozcan la responsabilidad, se enfrentarán a penas de hasta 20 años.

En cuanto a las víctimas, las Farc se comprometen en un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el que se crearán diferentes comisiones como el de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en medio del conflicto y la Jurisdicción Especial para la Paz.

- Blindaje jurídico

Este acuerdo fue logrado el pasado 13 de mayo de 2016. Durante su anuncio, las delegaciones del gobierno y las FARC señalaron que este punto daba “seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final”.

En este punto están involucrados varios organismos, como el Congreso de la República, la Corte Constitucional, los ciudadanos en las urnas y a la comunidad internacional. El gobierno ha insistido en que el pueblo colombiano tendrá la última palabra y que a través del voto se avalará lo logrado en Cuba.

- Sacar a los menores de las filas de las FARC

Poco después de anunciar el blindaje, las delegaciones informaron el pasado 15 de mayo el acuerdo para sacar a los menores de edad de las filas de esta guerrilla.

Uno de los compromisos es crear una mesa técnica, liderada por la Defensoría del Pueblo, para diseñar una hoja de ruta que permita la salida de los menores de las FARC. Esa mesa técnica ya se creó y deberá presentar un plan de trabajo.

Los menores, de acuerdo con lo pactado, serán acogidos en programas de atención y no tendrán que acudir a ningún tribunal, pues, como está estipulado actualmente en la legislación, los menores en la guerra son considerados víctimas. En el caso de los jóvenes entre los 15 y 18 años, sus casos serán revisados para establecer si tienen procesos penales.