[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó anoche la reforma en la ley petrolera que permite el control de las empresas extranjeras en los mega-yacimientos submarinos e implica la reducción de la participación de la estatal Petrobras.

El proyecto del canciller José Serra fue aprobado con 292 votos afirmativos contra 101 negativos y una abstención. La iniciativa retira la obligatoriedad de que Petrobras opere en al menos el 30 de todos los campos petroleros descubiertos en 2007. La medida era una de las apuestas políticas del presidente Michel Temer para mostrar una legislación petrolera que redujera la participación estatal y aumentara la de las petroleras extranjeras en los campos de petróleo ubicados a 6000 metros de profundidad, en la capa geológica pre-sal.

Luego de varias horas de discusión, el gobierno logró destrabar la decisión que ya había sido aprobada en el Senado. "Petrobras no tiene capacidad financiera para ser obligatoriamente la operadora única del pre-sal, ya que tiene una deuda de cerca de unos 27.000 millones de dólares. Esto la torna una empresa inviable", dijo el relator de la propuesta, el diputado Carlos Aleluia, del conservador Demócratas, aliado a Temer.

El nuevo gobierno de Temer puso al frente de Petrobras a Pedro Parente, un ex funcionario de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que anunció una reducción del 25 por ciento en la inversión de la empresa hasta 2020 y comenzó a vender activos, como el gasoducto del sudeste a la canadiense Brookfield.

La empresa, eje de una investigación por corrupción y sobornos en contratos, es la líder mundial en exploración petrolera offshore. La región del pre-sal, frente a las costas de los Estados de San Pablo y Río de Janeiro, por su alta calidad (28 grados API) estaba bajo una ley de 2010 del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para que la explotación tenga al menos 30 por ciento de participación de Petrobras en los consorcios.

Estos campos petroleros, a diferencia de los terrestres, tienen el régimen de división de lucro y no de royalties, con lo cual el Estado recibe directamente dinero del petróleo extraído por el consorcio operador. Hasta el momento, apenas fue concedido un campo petrolero, llamado Libra, a 170 kilómetros de la costa de Río, con capacidad para la producción de entre 8.000 y 12.000 millones de barriles de crudo. Fue otorgado a un consorcio entre Petrobras, las chinas CNPC y CNOOC, la francesa total y la anglo-holandesa Shell.

"Este cambio de ley, sacando a Petrobras de la posición estratégica del pre-sal y reduciendo su participación y ganancias en los próximos campos petroleros es entregar nuestra riqueza petrolera a las multinacionales. El gobierno de Temer y sus aliados tienen que tener coraje para admitir que están entregando el petróleo de Brasil a las grandes empresas", criticó José Guimaraes, del Partido de los Trabajadores.

La ley fue aprobada en general -restan aspectos normativos- con la protesta en las galerías de sindicalistas de la Federación Única de los Petroleros (FUP), que gritaban "golpistas" y "entreguistas" mientras que los oficialistas respondían con "ladrones del dinero público". La norma indica que el presidente de la República tendrá la autoridad para determinar si Petrobras puede o no participar de las próximas concesiones exploratorias.

El cambio de la ley petrolera hecha por el gobierno de Lula fue motivo de una dura oposición por parte de Serra, el actual canciller que derrotado por Dilma Rousseff en las elecciones presidenciales de 2010.

Wikileaks y Folha de Sao Paulo divulgaron el 13 de diciembre de 2010 que Serra le prometió a la directora de Desarrollo de Negocios de la estadounidense Chevron que la ley que modificaba el lucro del Estado y aumentaba la participación obligatoria de Petrobras iba a ser cambiada. "Deja a esa gente del PT hacer lo que quiera. Vamos a demostrar que el sistema antiguo funcionaba y cambiaremos nuevamente la ley", dijo Serra a la directiva de Chevron, según ella mismo lo contó al consulado estadounidense en Río, lo cual fue reproducido en un cable diplomático interceptado por Wikileaks.