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"Hay que dejar de gastar lo que no se recauda", sostuvo el ministro de Economía de Brasil, Henrique Meirelles, al confirmar que el gobierno de Michel Temer impulsará una enmienda constitucional para limitar por los próximos 20 años el gasto público.

"No aceptamos más la inflación y el desempleo porque los más pobres son los que pagan esa factura. Con la aprobación de la propuesta que equilibra las cuentas públicas vamos a superar este momento y a volver a poner a Brasil en el camino de la justicia social con desarrollo de verdad", consideró Meirelles en su discurso en la TV.

El gobierno envió a Meirelles a realizar el anuncio mediante una cadena nacional de radio y televisión por temor a que la baja popularidad de Temer sumada a una iniciativa de este tipo provocara una reacción popular contra el gobierno surgido tras el golpe insitucional a la expresidenta Dilma Rousseff.

La oposición, expertos e incluso el gubernamental Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) --que depende del Palacio del Planalto-- han criticado congelar el gasto por dos décadas, apenas tomando la inflación pasada como referencia y no las necesidades del momento.

"El objetivo es reducir el tamaño del Estado y esta enmienda constitucional es firmar un contrato de austeridad de 20 años", dijo el profesor Pedro Linhares Rossi, de la Universidad de Campinas (Unicamp), autor de un estudio que indica que concretarse el ajuste habrá una reducción del 19 por ciento del PIB en gasto primario.

El gobierno aseguró que en Educación y Salud el congelamiento del gasto entrará en vigor en 2018 y que en 2017 el presupuesto se manejará como hasta ahora, con un piso constitucional. Uno de los argumentos del gobierno de Temer es que la deuda pública brasileña llegó en 2015 al 66,2 por ciento del PIB, un número por debajo de la mayoría de los países europeos.

Para la semana que viene, el gobierno necesita 303 de los 517 diputados y 49 de los 81 senadores para aprobar la enmienda a la Constitución, una tarea de la cual depende y mucho el proyecto de Temer, quien asumió en forma interina en mayo y fue confirmado el 31 de agosto tras la destitución de Rousseff.

Este proyecto, llamado "techo del gasto", forma parte de un paquete que incluye las futuras iniciativas que serán enviadas al Congreso, como la reforma jubilatoria y la flexibilziación de las leyes laborales de 1943.