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El exsecretario de Obras Públicas José López negó ante el juez federal Julián Ercolini que existiera "discrecionalidad" o "arbitrariedad" en la adjudicación de obra pública durante la gestión kirchnerista y sostuvo que el hecho de que la causa esté centrada en Santa Cruz es una prueba de la "intencionalidad política y jurídica" del caso. Para sostener su posición, López presentó una lista de los 36 empresarios "con mayor contrato de obra pública" y pidió que sean citados a un careo y digan si él les pidió alguna vez una coima o los favoreció o perjudicó en alguna licitación.

Entre los empresarios que López pidió citar se encuentran Paolo Rocca (Techint), Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra (IECSA), Eduardo Eurnekian (Corporación América), autoridades de la nacional INVAP y la brasileña Odebretch.

El exfuncionario, quien expuso su versión de los hechos sin responder preguntas, declaró durante casi tres horas, en las que resaltó que las empresas de Báez no fueron las que más obras públicas realizaron durante la gestión kirchnerista

El detenido exsecretario también remarcó que el Plan Nacional de Obras Públicas que estaba a su cargo fue aprobado por el Congreso Nacional, aclaró que su Secretaría no era la encargada de aprobar los presupuestos, ni de realizar las licitación, ni de auditar, y destacó que las obras fueron revisadas por la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación.

"Si se consideran en números las obras, el 95 por ciento de las que se ejecutaron se desarrollaron en forma descentralizada, lo que permitió construir más de 40 obras en todo el país", afirmó el exfuncionario, quien busco marcar los límites de la responsabilidad del Estado Nacional.

López especificó que la obra pública estuvo enmarcada en el Plan Estratégico Territorial (PET), con participaron de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de los modelos de plan de infraestructura que tenía cada distrito.

"El PET fue elogiado por el actual ministro del Interior y Obra Pública, Rogelio Frigerio, en la primera reunión del Consejo Interprovincial de Ministerios de Obra Pública", recordó López, según consta en la declaración a la que tuvo acceso la agencia oficial Télam.

Además, el exfuncionario recordó la aplicación de la política del "precio tope", el valor máximo que estaba dispuesto a pagar el Estado por cada una de las obras públicas, por lo que las empresas debían presentar planes por debajo de ese valor y aseguró no fue objetado por ninguna de las contratistas.

Por todo ello, López pidió que los titulares de las 36 firmas "con mayor contrato de obra pública" presten declaración ante el juez Ercolini, entre otros Aldo Roggio (Grupo Roggio) y el titular de la Cámara de la Construcción, Juan Chediak; Cristóbal López (CPC Construcciones); Julián Astolfoni (Supercemento); Luis Delso (Isolux): Enrique Eskenazi (Grupo Petersen); Hugo Dragonetti (Panedile), y los representantes de la multinacional estadounidense General Electric.