El plenario del Consejo aprobó esta mañana, por 12 votos contra cuatro, la suspensión en sus funciones del juez y la celebración, en el término máximo de seis meses, del juicio polìtico que podría derivar en su destitución. Caro fue suspendido en una votación dividida, en la que todo el arco político se inclinó por enviar su expediente a juicio político.

En ese sentido votaron los legisladores Federico Storani, Miguel Angel Pichetto, Marcela Rodríguez, Nicolás Fernández, Carlos Kunkel, Diana Conti y el representante del Poder Ejecutivo, Joaquín Da Rocha.

A ellos se sumaron el juez federal salteño Miguel Cornejo, los abogados Beinusz Szmukler y Lino Palacio, y los académicos Humberto Quiroga Lavié y Juan Geminiani. En cambio el abogado Luis Pereyra Duarte y los jueces Claudio Kipper, Victoria Pérez Tognola y Bindo Caviglione Fraga se inclinaron por rechazar la acusación y confirmar a Caro en el cargo. Durante el debate, los consejeros hicieron mención al escándalo por malos tratos que sufrieron cinco integrantes de un Comando Anfibio de la base naval de Puerto Belgrano, en un episodio ocurrido en diciembre de 2004 pero conocido sólo ahora.

El 30 de noviembre del año pasado, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó, por ajustada mayoría, un dictamen acusatorio contra el juez Caro, en una votación que incluso terminó empatada y fue definida por el voto doble de la presidente de la Comisión, la legisladora del ARI Marcela Rodríguez.

El dictamen, impulsado por el ex consejero Juan Mínguez, embestía contra el presunto mal desempeño de Caro en la investigación por el asesinato del soldado Carrasco, ocurrido en abril de 1994 en la guarnición militar neuquina. La acusación imputaba al magistrado ahora suspendido haber

consentido "una investigación paralela del Ejercito" y pérdida de pruebas por incompetencia y por gravísimas dilaciones en la toma de declaración de dos testigos". El tratamiento del expediente por el plenario había sido suspendido en dos oportunidades, una a fines de 2005 y la otra el 10 de febrero pasado.

Finalmente, hoy el plenario de los consejeros resolvió la suspensión que, según los plazos reglamentarios del cuerpo creado por la reforma constitucional de 1994, deberá desembocar en el juicio político en un plazo máximo de seis meses.

Fuente: DYN