Lunes, 6 de noviembre de 2006 | Hoy
15:55 › CAUSA ESMA
El ex comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Isaac Anaya, su ex colega Antonio Vañek y un hijo homónimo del fallecido represor Carlos Guillermo Suárez Mason integran el listado de nuevas detenciones dispuestas en la "causa Esma", indicaron hoy fuentes tribunalicias.
Las órdenes de captura las dictó el juez federal Sergio Torres y también incluyen a Miguel Angel Benazzi Berisso, Hugo Enrique Demario, Rogelio Martinez Pizarro, Eugenio Bautista Villordo, Carlos José Pazo, Roberto Pérez Froio, Julio Antonio Torti, Aníbal Mazzola y Carlos Fragio.
El magistrado tomó la medida en esta "megacausa" en la que se investigan gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar y cuya reapertura fue posible tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
Los informantes indicaron que el magistrado los interrogará por alrededor de dos centenares y medio de nuevos casos de víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA y cuyas indagatorias oportunamente había reclamado el fiscal Eduardo Taiano.
Entre quienes ya están detenidos -y que también serán indagados por los nuevos hechos- se encuentran los emblemáticos represores ex capitanes Afredo Astiz, Jorge "el tigre" Acosta, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Juan Antonio Azic y Jorge Perren, entre otros.
El listado de tres decenas y media de ex jefes navales que serán indagados por Torres, con la intervención del secretario Diego Slupsky y el fiscal Taiano, también incluye a Héctor Febres, Ernesto Frimon Weber, Oscar Montes, Manuel García Tallada, Ricardo Corbeta, Alberto Gonzalez, Jorge Gonzalez, Néstor Savio y Carlos Orlando Generoso.
Respecto de quienes aún estaban en libertad y "toda vez que se trata de personal de la Armada Arentina" el juez Torres libró oficio al Ministerio de Defensa y al Jefe de esa Fuerza, "a los fines de que constituya en detención a los nombrados", debiendo "disponer el traslado de los detenidos" en la fecha en que se dispusiera.
A esos fines el magistrado fijó un abultado organigrama de audiencias que se extenderán hasta el 14 de este mes (alrededor de media docena por jornada) y durante las cuales los imputados -al igual que cualquier reo en causa penal- podrían negarse a declarar sin que ello sea tenido como prueba en su contra.
Una vez finalizada la ronda de indagatorias el magistrado tendrá diez días para resolver sus situaciones procesales, oportunidad en la que deberá optar entre sus procesamientos (que podrán incluir la prisión preventiva), los sobreseimientos o la intermedia "falta de mérito".
Entre los 250 casos por los que deberán responder los represores se encuentran los de Juan Gasparini, Fernando Vaca Narvaja, Ignacio Pedro Ojea Quintana, Sara Solarz de Osatinsky, Lila Pastoriza de Jozami, Susana Pegoraro, Néstor Morandini y Graciela Daleo, entre otros.
El 18 de octubre último, al ratificar otros procesamientos dictados por Torres en la misma "megacausa", la Cámara Federal afirmó que quienes estaban ilegalmente privados de su libertad en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA sufrieron "un serio atentado a la dignidad, insoportable a los ojos de la comunidad".
Tras recordar el "ensañamiento" que hubo en su contra, los camaristas recordaron que "los secuestros obedecieron a órdenes emanadas de autoridades que, además de la ilegitimidad de su constitución, excedieron el límite de sus facultades funcionales autoimpuestas".
En la resolución donde confirmaron aquellos procesamientos los camaristas dijeron que "en la ESMA se había decidido secuestrar a las personas que asistieran a las reuniones (en ese caso en la Iglesia de la Santa Cruz), debido a que los militares creían que dentro del grupo de familiares había una célula subversiva".
"Se probó que la actividad de los integrantes del grupo de Tareas 3.3.2 con base operativa en la ESMA, tenía como particular objetivo, en este caso en concreto, detener a familiares de desaparecidos que en forma incipiente se organizaban para reclamar por el conocimiento del destino final de sus seres queridos", se afirmó en el fallo.
Tal como se vio en otros procesos por violaciones a los derechos humanos -fundamentalmente en el juicio a los comandantes de las juntas militares y en los procesos a los represores Miguel Etchecolatz y Julio Simón- los camaristas recordaron que la expresión "traslado" era "el eufemismo con el que se identifició al asesinato y la desaparición física de los secuestrados".
Fuente: Télam
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