El operativo fue dirigido por el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, y estuvo a cargo de un centenar de efectivos de la Guardia de Infantería de la policía santiagueóa, que desalojó los asentamientos y emprendimientos agrícolas ilegales.

En el lugar, cercano a la localidad santiagueña de Los Pirpintos, y a 30 kilómetros dellímite con el Chaco, empresarios extranjeros habían procedido a la tala indiscriminada de quebrachos blanco, colorado y otras especies autóctonas para realizar la siembra de soja.

La usurpación de tierras en la reserva también provocó además la emigración de animales y aves silvestres que habitaban la zona, en su momento cubierta por una tupida vegetación.

Para el fiscal Abate, en la reserva nacional de Copo "se venían cometiendo aberraciones y sometiendo a la esclavitud a gente humilde, que se encargaba de desmontar los campos y sembrar, tarea impulsada por productores agrícolas de otras provincias".

"Durante el operativo se procedió a la recuperación de 240 hectáreas que fueron usurpadas y a la destrucción de los cultivos y precarios asentamientos, sobre los que habrá que realizar tareas de reforestación en la reserva", explicó.

El fiscal radicó una denuncia en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Monte Quemado, contra los responsables de los delitos de "usurpación de tierras y daóos" en la reserva.

En el parque, que tiene una superficie de 114 mil hectáreas, está prohibida la explotación agropecuaria y forestal, la caza y cualquier otro tipo de acción que afecte la fauna.

Tampoco se permite la introducción, trasplante y propagación de fauna y flora exóticas, animales domésticos, distribución o uso de sustancias contaminadas o agroquímicos y asentamientoshumanos.

La misma norma prohibe el acceso de público en general, salvo por cuestiones científicas o turísticas; la construcción de edificios, caminos, enajenación, arrendamiento o apropiación de tierras del Estado.