El acto se llevará a cabo a las 10, en el Salón Sur de la Casa de Gobierno, con la asistencia del ministro del Interior, Aníbal Fernández y otros integrantes del Gabinete nacional.

La norma consiste en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo (que va desde $ 100 a $ 450, según el tipo de arma) en puestos de recepción fijos y móviles distribuídos en todo el país, donde serán inmediatamente inutilizadas y posteriormente destruídas en un plazo de 60 días.

Esta entrega voluntaria no conllevará consecuencia legal alguna para las personas que efectivizaren la entrega, quedando amnistiados por la tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra previstos en el artículo 189 bis del Código Penal, según se informó.

El plan, que tendrá una duración de un año, forma parte de una política de control y prevención de la violencia armada a través de la regulación del mercado legal y medidas de persecución del mercado ilegal de armas de fuego.

De acuerdo a estimaciones de la Red para el Desarme 1 de cada 10 hogares posee un arma de fuego; y el 65% de las muertes por armas de fuego ocurren en accidentes, suicidos y conflictos interpersonales.

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