"Los funcionarios que tienen poder de decisión no pueden hacer huelga", remarcó la ministra de Justicia, María Zavala, al explicar el espíritu de los decretos promulgados.

Zavala detalló que los decretos fueron promulgados en el marco de las facultades que el Congreso unicameral peruano otorgó al gobierno del presidente Alan García, quien el sábado cumplirá un año de gestión.

Varios de los decretos fueron duramente criticados por algunos de los 24 presidentes regionales, juristas y activistas de derechos humanos, que consideraron que se trata de "leyes duras y peligrosas".

El presidente de la sureña región de Tacna, Hugo Ordoñez, del opositor Partido Nacionalista, consideró que el conjunto de medidas dictadas por el gobierno es "de corte antidemocrático, vulnera el estado de derecho y viola la Constitución".

El abogado penalista Mario Amoretti opinó que ni el ex presidente Alberto Fujimori fue "tan drástico" y advirtió que el gobierno de García sólo busca "reprimir, vetar e intentar detener la ola de paralizaciones y protestas que se produjeron en las últimas semanas y las que ya están programadas".

El director ejecutivo de la Asociación Pro-Derechos Humanos, Miguel Jugo, pidió al Congreso revisar los alcances de los decretos para evitar eventuales "violaciones a los derechos humanos".

Jugo fustigó especialmente el hecho de que -de acuerdo a los nuevos decretos- no serán penalizados los policías que cometan eventuales excesos en el uso de sus armas reglamentarias.

La ministra Zavala justificó esta decisión con el argumento de que en ocasiones la policía "no actúa debidamente en la lucha contra la delincuencia por temor a los procesos que se les instruye".

No obstante, Zavala descartó que se busque aplicar represalias de tipo político contra aquellos presidentes regionales que impulsen o respalden paralizaciones.

"No es el hecho de hacer huelga lo que se recrimina en sí, sino que utilicen la huelga y se valgan de ella como un medio para obtener un beneficio económico que no corresponde o de cualquier otra índole", explicó la ministra.

Zavala aseguró que la intención de su gobierno es que las sanciones "sean razonables y proporcionales a la gravedad del delito".

Según uno de los decretos, se castigará penalmente a quienes utilicen pandilleros para cometer actos delictivos, informó la agencia Ansa, y según otro los delincuentes procesados perderán sus bienes adquiridos como producto de un acto ilícito.

El vocero de la bancada del oficialista APRA, el legislador Javier Velásquez, anticipó que el Congreso revisará los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo para evaluar si se cometieron eventuales excesos en el marco de las facultades delegadas.

Velásquez descartó que las eventuales sanciones a los funcionarios que adhieran a medidas de lucha, constituya una "venganza" contra los presidentes regionales que apoyaron las recientes protestas sociales.

Asimismo, negó que esta disposición "tenga un carácter represivo" ni que recorte el derecho a la protesta, como lo denunciaron algunos presidentes regionales.