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Amnistía Internacional (AI) señaló a Macri que las protestas sociales "son manifestaciones del ejercicio de libertad de expresión y de asociación que el Estado debe garantizar, ya que se encuentran protegidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que Argentina se encuentra obligada".

En ese sentido, recordó que "las autoridades deben asegurar que la fuerza sólo sea utilizada como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente".

La misiva fue además enviada al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, y pidió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se investigue "no sólo a quienes hicieron uso abusivo de la fuerza, sino también a los responsables encargados de controlar el accionar de los agentes de la Policía Metropolitana".

"El sistema internacional de los derechos humanos ha entendido que, si bien la libertad de expresión y de reunión no son derechos absolutos y no es posible justificar actos violentos por cometerse en el marco de una demostración pública, cualquier limitación a la protesta debe responder a una rigurosa justificación y sólo proceder conforme las condiciones establecidas", agregó la carta.

La organización apuntó que el Estado "debe proteger el derecho a manifestarse, expresar disensos y ejercer su derecho de peticionar a las autoridades de manera pacífica, pero debe garantizar la seguridad de los manifestantes, en especial, ante abusos en que pueda incurrir el propio Estado".