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La decisión del mencionado organismo congeló hasta el miércoles 25 de marzo cualquier actuación de la Fiscalía y los tribunales, en medio de tensiones por el avance del caso. La resolución fue anunciada luego de que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, llamara a la prudencia en las acusaciones, al tiempo que comprometió mejores regulaciones, en un foro ante empresarios.

"Estamos empeñados en profundizar las normativas y avanzar a una legislación de hierro que separe decididamente los negocios de la política", subrayó el funcionario.

La medida del Tribunal Constitucional, que es inapelable, bloquea la posibilidad de que la Fiscalía investigue la información contable de Soquimich entre los años 2009 y 2014 y surge en momentos en que empresarios y políticos de distinto signo proponen buscar una salida a las diferentes investigaciones por fraude fiscal, lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho.

"Queremos transparencia", reclamó en medio de los hechos el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, líder de las protestas estudiantiles de 2011.

Estas indagaciones de la Fiscalía, en distinta etapa, afectan a diferentes empresarios y políticos, incluido el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, el politólogo Sebastián Dávalos.

Hasta ahora, solo cuatro personas permanecen detenidas a la espera de juicio: los dueños del banco Penta, Carlos Lavín y Carlos Delano; el viceministro de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, y el funcionario del Servicio de Impuestos Internos Iván Alvarez.

Los hechos, que para algunos políticos chilenos recuerdan el proceso "Manos Limpias" en Italia, derrumbaron a mínimos históricos el apoyo a oficialismo y oposición.