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“El mercado no tiene valores, tiene apetitos. Y el apetito se calma con ganancias. Eso no es educación.” Las palabras del rector de la Universidad Nacional de Rosario y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Ricardo Suárez, resumen la reacción de las universidades públicas argentinas y latinoamericanas ante las presiones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por incluir la educación superior entre los servicios comerciales, como cualquier otra mercancía. “Todos estábamos mirando al Banco Mundial y, de pronto, cambió el lugar desde donde los organismos internacionales bajan línea para la educación. Aunque el planteo de fondo es el mismo: no puede ser que algo quede fuera del mercado, no esté sujeto a la liberalización económica y quede en el espacio público, monopolizado por el Estado”, dijo a Página/12 José Luis Coraggio, profesor y ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
La OMC es un foro de negociaciones comerciales que reúne a 144 países, la Argentina entre ellos. En 1994, los Estados miembros aprobaron un Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, un conjunto de normas multilaterales que regula los intercambios de la oferta y la demanda, y ordena (libera) el acceso de proveedores extranjeros a los mercados de cada nación. En 1998, se incluyó la educación superior entre los servicios reglamentados y, a fines de 2001, se avanzó en la misma dirección con un nuevo acuerdo.
“Si la educación superior es regulada por la OMC como un servicio comercial más, se puede legítimamente preguntar para qué servirán los gobiernos nacionales. Si se acepta la propuesta, cualquier Estado que no cumpla con los compromisos firmados con la OMC podrá ser condenado a pagar indemnizaciones a los empresarios o industriales de la educación que se consideren perjudicados y estará sujeto a represalias de los países proveedores de enseñanza, en especial de la enseñanza por Internet”, alertó el brasileño Marco Antonio Rodríguez Dias, ex encargado de educación superior en la Unesco. A partir de una ponencia suya, presentada en la III Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas, se firmó en abril pasado la llamada Carta de Porto Alegre: “Los poderosos intereses que se mueven detrás de esta política presionan por la transformación de la educación superior en un lucrativo mercado de ámbito mundial –señala la carta–, con la consiguiente desregulación y eliminación de todo control de calidad”. Además del peligro implícito para la supervivencia de las culturas nacionales y para la vinculación entre conocimiento, investigación y desarrollo local.
El rechazo fue retomado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y también por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que nuclea a 15 instituciones públicas de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. Reunidos en la Universidad Nacional del Litoral, en agosto, los rectores de la asociación acordaron alertar a la comunidad sobre las “nefastas consecuencias” de la iniciativa y solicitar a los respectivos gobiernos nacionales que no suscriban ningún compromiso educativo en el marco de la OMC. “La educación es un bien público y los Estados no pueden abandonar su función específica y su responsabilidad social en el tema”, dijo el uruguayo Jorge Brovetto, secretario general de la AUGM.
Los argumentos de la OMC se apoyan en el discurso liberal clásico: la libertad de comercio sería el principal factor de crecimiento y desarrollo. Tras suponer que todas las mercancías son iguales (y es verdad: todas las materias son homogéneas una vez que son convertidas en mercancías), el organismo concluye que es necesario liberar el comercio de servicios educativos de las fronteras nacionales. Entre los principales impulsores se cuentan Estados Unidos, Japón y Australia, que son los mayores exportadores de educación, un mercado que –según se estima– mueve unos mil millones de dólares al año. La forma más usual deexportación se canaliza vía Internet, aunque también crece la expansión de sedes de universidades e instituciones extranjeras.
La política de la OMC avanza paso a paso. “Primero se promueve la tercerización y privatización de las cuestiones no educativas que funcionan en la universidad: limpieza, fotocopias, computación y otros -dijo Coraggio–. Después siguen con la orientación vocacional, los exámenes de ingreso, la enseñanza a distancia. Aparecen empresas privadas, con fines de lucro, dedicadas a dar esos servicios.” Los riesgos son muchos. Uno obvio: para generar igualdad de condiciones entre ofertas educativas públicas y privadas, esta política iría aparejada con la promoción del arancelamiento de la enseñanza de grado. Un último paso, previsible, sería apuntar también a la educación terciaria y secundaria.
La representación nacional en la OMC está en manos de la Cancillería: no hay representantes del área educativa en la discusión. El CIN inició gestiones ante el ministerio que encabeza Carlos Ruckauf para dejar en claro su oposición, pero “sin resultados hasta ahora”, según confió un funcionario. “Hay que definir una política nacional para enfrentar esto -advirtió Coraggio–. Hay que enfrentarlo con una transformación y renovación del sistema educativo. Si no, este proceso se va a comer a la educación.”