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Los represores que participaron en delitos de lesa humanidad no deben tener lugar en la Universidad de Buenos Aires. Así concluye el informe de una comisión ad hoc convocada por el Consejo Superior de la UBA ante las controvertidas inscripciones de represores al programa de la universidad en las cárceles. “Quienes aspiran a ingresar a la comunidad universitaria defienden públicamente una tesis negacionista de los delitos que han victimizado masivamente a miembros de la comunidad a la que pretenden incorporarse”, sostiene el informe elaborado por los profesores Eugenio Zaffaroni, Raúl Gustavo Ferreyra, Adriana Puiggrós, José Schulman, Osvaldo Varela y Alfredo Sarmiento. Y advierte que “ese discurso vuelve disolvente al espíritu comunitario” que debe “animar” a la universidad. El documento es analizado ahora por los consejeros superiores de la UBA, que emitirán un dictamen luego del receso académico.

En el marco del Programa UBA XXII de educación superior en contextos de encierro ya fueron inscriptos al Ciclo Básico Común (CBC) tres marinos que actuaron en la ESMA bajo el terrorismo de Estado: Juan Carlos Rolón, Adolfo Donda y Guillermo Suárez Mason (hijo). Los dos primeros en Abogacía, el último en Sociología, y los tres en carácter de libres. Todavía no rindieron ningún examen, pero podrían hacerlo en la mesa de alumnos libres de este mes. Las facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras se opusieron públicamente a las inscripciones. Sus docentes hablan de “violencia moral” e interponen objeciones de conciencia para no dar clases a este tipo de detenidos.

Ante la consulta de Página/12, el director del CBC, Jorge Ferronato, dijo que hasta tanto el Consejo Superior no resuelva la cuestión de fondo “nosotros no podemos impedir su inscripción” (la de los represores). No obstante, expuso su postura personal: “Respaldo a los docentes que argumentan su objeción de conciencia. Si no les quieren dar clases, me parece que están en su justo derecho”.

El debate llegó incluso al Inadi. Tal como informó este diario, el Instituto Nacional contra la Discriminación recibió una denuncia de parte del represor Carlos Jurio, en contra del profesor Rodolfo Raffo. El docente se negó a darle clases a Jurio. El Inadi resolvió que el acto del profesor no entrañaba discriminación alguna, pero, al mismo tiempo, le reconoció “al denunciante su derecho a la educación”.

Si bien en el rectorado de la UBA parece dominar el rechazo a aceptar a responsables de delitos de lesa humanidad, la complejidad del tema llevó a que la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior pidiera la opinión de una comisión especial, creada ad hoc, que acaba de expedirse. Integraron la comisión seis profesores: el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra (Facultad de Derecho); la diputada Adriana Puiggrós y José Schulman (Filosofía y Letras); Osvaldo Varela y Alfredo Sarmiento (Psicología). Estos son algunos párrafos destacados de la recomendación que presentaron:

- “El respeto a las normas que rigen esta comunidad universitaria no se agota en el cumplimiento formal de sus pautas, sino que exige de quien aspira a incorporarse a ella que su conducta no sea destructiva o lesiva a la existencia misma de la comunidad”.

n “La particularidad del caso es que quienes aspiran a incorporarse a su comunidad universitaria, en la actualidad y desde siempre, defienden públicamente la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad o justificación de esos delitos de los que fueran víctimas los propios miembros de su comunidad universitaria, es decir, una tesis negacionista de los delitos que han victimizado masivamente a miembros de la comunidad universitaria a la que pretenden incorporarse”.

n “No pretende la UBA cuestionar las tácticas defensivas de estas personas en sus respectivos procesos penales, ámbito en el que se les debe garantizar la más amplia libertad de argumentación, pero ese mismo discurso, llevado al seno de la UBA, se vuelve disolvente del espíritu comunitario que debe animarla conforme a la tradición universitaria mundial de todos los tiempos”.

n “En este sentido, la UBA debe aceptar incluso a quienes han victimizado cruelmente a integrantes de todos los estamentos de su comunidad, pero no puede permitir que éstos se incorporen a ella portando un discurso negacionista que pretenda legitimar esos delitos, porque inevitablemente esta conducta presente y actual –no pasada– sería fuente de interminables conflictos y desavenencias internas y acabaría lesionando o destruyendo las condiciones indispensables para la convivencia comunitaria, que es la esencia de su institucionalidad”.

n “Por todo lo expuesto, quienes suscriben recomiendan no admitir a condenados y/o procesados por delitos de lesa humanidad como estudiantes de la Universidad de Buenos Aires”.

El informe de la comisión es analizado por los consejeros de Interpretación y Reglamento, quienes iban a producir su despacho esta semana pero, dada la complejidad del debate, solicitaron más tiempo para fundamentar el dictamen, que llegaría recién en agosto. Luego la discusión pasará al pleno del Consejo Superior, donde además podría analizarse qué hacer con los represores que ya están inscriptos.

Informe: Agustín Saavedra.