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“Siempre que se estudió la universidad en el peronismo lo que se hizo fue decir que el peronismo intentaba controlarla o destruirla porque la universidad era un actor fuertemente opositor”, señala el historiador Julián Dércoli, que se dispuso a revisar esa versión de la historiografía clásica y lo plasmó en el libro La política universitaria del primer peronismo (Punto de Encuentro). Dércoli analizó las leyes impulsadas por el gobierno de Juan Perón en materia de educación superior y concluyó que, más que destruir la universidad, lo que el peronismo intentó fue proponer un nuevo modelo: dejar atrás una institución elitista y ajena a las problemáticas territoriales para dar paso a una universidad en estrecha vinculación con la sociedad y el Estado, masiva y preocupada por el desarrollo nacional. En diálogo con Página/12, Dércoli asegura que los viejos argumentos utilizados por los opositores en la batalla parlamentaria persisten en el relato historiográfico y que el debate en torno a los distintos conceptos de autonomía universitaria –la asepsia respecto del Estado o la articulación con un proyecto de país soberano– aún no está saldado.

–¿En qué consiste lo que usted llama la “interpretación hegemónica” de la política universitaria de Perón?

–Tiene que ver con una versión que niega las transformaciones que impulsa el primer peronismo en materia universitaria. Niega, por un lado, el desarancelamiento, que es el decreto del 22 de noviembre de 1949. Por otro lado, la creación de la Universidad Obrera, lo que hoy es la UTN, y las dos leyes que yo estudio, la 13.031 y la 14.297. También lo que surgió después, en el tercer peronismo, como la ley Taiana. Frente a toda esa producción legislativa se construyó una versión historiográfica clásica que lo que hizo fue reducir la cuestión universitaria en el peronismo a un problema policial. Siempre que se estudió la universidad en el peronismo lo que se hizo fue decir que el peronismo intentaba controlarla o destruirla, porque la universidad era un actor fuertemente opositor.

–¿Esta interpretación se relaciona con la dicotomía europea fascismo/antifascismo que la oposición de entonces importó y puso en juego en el debate parlamentario?

–La esencia del argumento de los diputados opositores responde a esa matriz: fascismo/antifascismo. Tiene que ver con que se importan patrones culturales externos y se los utiliza como antiparras para ver la realidad argentina. Cuando los opositores ven el proyecto de ley que Perón eleva al Congreso, dicen “éste es el proyecto de universidad fascista, esto es lo mismo que Hitler hace en Alemania, esto es lo mismo que Stalin lleva adelante en la Unión Soviética”. Ahora, la interpretación histórica sigue reproduciendo esa dicotomía y haciéndose cargo de esos argumentos.

–¿Cuál era el modelo de universidad que predominaba en esa época?

–Tiene que ver con quiénes se formaban en la universidad, qué tipo de profesional formaba y cómo se articulaban universidad y Estado. Los que accedían a la universidad eran los hijos de la elite o los sectores medios acomodados, que bajo el parámetro del ascenso individual se formaban mayormente en lo que se conoce como profesiones liberales: abogados, médicos. La universidad era el lugar de socialización de las elites, de donde se sacaban los cuadros que posteriormente iban a ejercer la dirigencia política. Se insertaba en una lógica antinacional, antidemocrática y, además, una lógica de isla.

–¿Cuál es el contrapunto que propuso el peronismo frente a esa idea?

–Frente al modelo de universidad democrática instalado, el peronismo dice que la verdadera universidad democrática es aquella que se pone en función de cumplir los objetivos de la liberación nacional. Es decir, aquella que se pone a producir ciencia nacional, una cultura nacional, a producir, además de excelentes profesionales, ciudadanos argentinos que entiendan que su nación está dentro de un contexto de países imperialistas y países dependientes. Entonces, la universidad en los países subdesarrollados tiene que convertirse en una herramienta más del proceso de construcción de una nación soberana.

–Más concretamente, ¿qué es lo que instauran las dos leyes que analiza en el libro?

–En la Argentina había una sola ley universitaria hasta que llega el peronismo, que era la Ley Avellaneda, de 1885, que tenía cuatro artículos.

La ley 13.031, de 1947, lo que hace es estructurar esta visión de la universidad como agente de desarrollo local, de vinculación orgánica con la sociedad y plantearle objetivos claros: sus problemas académicos deben surgir del territorio y su función es pensar cómo colabora con la sociedad para resolver sus problemas de desarrollo, de desigualdad, fomentar una cultura nacional. La ley también articula el sistema universitario y plantea una necesidad de pensar a la universidad no ya como ente autónomo del conocimiento que se abastece a sí misma, sino que se la estructura dentro del Estado. También se sanciona lo que son las becas universitarias. La segunda ley, de 1954, refuerza estos aspectos, articulándose con los nuevos mandatos de la Constitución sancionada en 1949. En esta Constitución se establecía la educación como un derecho, por ejemplo.

–¿La disputa entre peronistas y opositores en torno de la universidad se sustenta, en definitiva, en dos ideas de país y en dos conceptos de autonomía diferentes?

–Claro, porque no podemos discutir la universidad si no discutimos el modelo país. El peronismo lo que hace, justamente, es integrar la universidad al debate nacional. Con respecto al concepto de autonomía, si vos discutís la universidad aislada del país podés decir que una universidad puede ser autónoma en un país dependiente. Ese es el gran error y a eso yo lo llamo una idea abstracta de autonomía, porque ¿cómo una institución puede ser autónoma? ¿Cómo nace? La universidad cuando nace en la colonia ¿es autónoma? La universidad en el modelo agroexportador ¿es autónoma? Es una idea naïf. Por otro lado, la idea de que la universidad es autónoma si se autogobierna es peligrosa, porque la garantía de la autonomía es que los académicos decidan entre ellos sin intromisión del Estado. Ahora, ¿no se te mechan los intereses económicos? Más allá de que quieras o no, se te mechan. Se puede mirar en la actualidad: hoy en día hay intereses de los laboratorios inmiscuidos en determinadas facultades, pero la universidad dice que es autónoma. La única dependencia peligrosa que plantean es la del Estado, y la del mercado la ignoran. Entonces, la mayor discusión sobre la autonomía tiene que ver con que no puede existir una universidad autónoma si no hay un país autónomo. Una universidad verdaderamente autónoma no es aquella que se delimita del Estado, sino aquella que plantea un proyecto de país soberano.

Entrevista: Delfina Torres Cabreros.