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El actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Aníbal Billoni, explicó a Página/12 por qué la mayoría de los rectores de universidades públicas entiende que las políticas educativas impulsadas por el Gobierno no afectan la autonomía institucional, establecida por la Constitución. Algo que sí entienden las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, como quedó evidenciado en la polémica que la UBA mantuvo en los últimos días con el Ministerio de Educación (ver aparte). Para Billoni, también rector de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, el Estado “puede orientar a las universidades a definir líneas de acción de acuerdo con las prioridades del país”.
–¿Cómo define los ejes de las políticas educativas acordadas entre el CIN y el Ministerio de Educación?
–Más que un acuerdo del CIN y Educación se trata de una coincidencia entre los rectores y el ministerio. El documento y el diagnóstico sobre la universidad pública elaborado por el CIN tienen muchos contactos con la propuesta presentada por Pugliese (Juan Carlos, secretario de Políticas Universitarias). La coincidencia más fuerte es que la universidad debe responder a las necesidades de la hora de la Argentina y también debe trabajar para funcionar mejor.
–En concreto, ¿cómo se va a avanzar en esa dirección?
–Lo que acordamos los rectores es una agenda de trabajo. La parte más importante está por hacerse. En los próximos meses, en el CIN vamos a elaborar documentos y propuestas pensando en un plan a diez años para la educación superior, la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, el desarrollo de ciclos comunes entre familias de carreras es algo muy necesario y en lo que ya estamos trabajando hace tiempo. También es muy importante lograr una mayor articulación con el sistema educativo y mejorar la integración de la universidad con el sector productivo, una tendencia a nivel mundial.
–¿El plan de políticas universitarias presentado por el Gobierno vulnera o amenaza la autonomía de las casas de estudios?
–La propuesta de la Secretaría de Políticas Universitarias es razonable. Las universidades participan si quieren y, si no, no lo hacen. De ninguna manera se roza o afecta la autonomía universitaria. Otras universidades no piensan así. Pero, en ese caso, ¿qué política educativa superior puede hacer el Estado nacional? Ninguna, nada. Creo que, con programas, puede orientar a las universidades a definir líneas de acción de acuerdo con las prioridades del país. Es algo que hacen muchos países, como Francia o España, mediante contratos programas supeditados al cumplimiento de metas.
–Las autoridades de la UBA consideran que supeditar la asignación de fondos al cumplimiento de ciertas metas es una forma de coacción.
–Me parece que no. Es algo que el Estado puede legítimamente hacer. Si no, las universidades serían las únicas instituciones públicas autorizadas a pedir y resolver su presupuesto por sí mismas. Y, por otro lado, insisto en que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, puede generar políticas públicas mediante programas específicos.
–La cuestión de fondo parece ser qué se entiende por autonomía.
–¿Qué es la autonomía? Todo lo que podemos hacer con los fondos que nos asignan a las universidades. Y es así en la medida en que la universidad no emite billetes ni genera recursos, sino que administra los recursos del pueblo argentino. La autonomía universitaria tiene que ver con la libertad de cátedra, con la definición del gobierno institucional y de su estatuto. Desde el punto de vista financiero, las universidades no son autónomas: son entidades descentralizadas.
–¿Cómo afecta al CIN la ausencia de la UBA en su seno?
–La participación de la UBA es muy importante. Es la universidad más importante del país y una de las más importantes de Latinoamérica. Vamos a hacer todo lo posible para que vuelva a estar dentro del consejo.