[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El ex gobernador de Santiago del Estero Carlos Juárez recuperó la libertad por decisión del Tribunal Oral Federal de la provincia en una causa por crímenes de lesa humanidad durante su segundo mandato, entre 1973 y 1976. A cinco meses de la detención del caudillo, los jueces basaron su medida en que el delito de privación ilegal de la libertad, el único que hasta ahora se le imputó, es excarcelable. Los organismos de derechos humanos santiagueños y distintos funcionarios de la intervención responsabilizan por este desenlace al juez federal Angel Toledo, a quien acusan de no investigar nada. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, recurrirá como querellante ante la Corte Suprema.
El tribunal santiagueño benefició a Juárez, bajo una fianza de 200 mil pesos, con el argumento de que no existe peligro de que se fugue ni que intente obstruir a la Justicia. Sostuvo que es una persona de edad avanzada (88 años), afincada en la provincia, y que el delito que se le imputa no necesariamente prevé la prisión efectiva. Los jueces Luis Eduardo López e Ignacio Jiménez Montilla votaron por concederle la excarcelación, mientras que Gabriel Casas se pronunció por la nulidad de la resolución del juez federal. La medida había sido solicitada la semana pasada por los abogados del ex gobernador, que ya habían conseguido la liberación de su esposa Nina Aragonés.
Juárez estaba detenido desde el 1º de abril, en la causa a cargo de Toledo, que fue impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En esa investigación fue denunciado por la desaparición de 15 santiagueños y por al menos 50 casos de secuestros, detenciones ilegales y torturas en los años previos al golpe militar. Sin embargo, hasta ahora el juez federal sólo le imputa concretamente la desaparición del concejal Emilio Abdala, secuestrado dentro de la Casa de Gobierno en diciembre de 1975, y evitó aplicarle cargos por apremios ilegales, torturas y asociación ilícita. Después del arresto del caudillo, el magistrado no tomó ninguna otra medida y ni siquiera lo procesó, a pesar da los planteos incesantes del fiscal federal Alberto Pravia.
“A la resolución del tribunal oral se llegó por la pasividad del juez Toledo, vinculado al juarismo. No investigó, no indagó a Juárez por todos los hechos ni a los demás acusados. Es evidente que no se puede tener a alguien preso sin resolver su situación procesal”, cuestionó Luis Alén, ministro de Justicia de Santiago del Estero. El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Fernando Rinaldi, atribuyó al magistrado “casi una inacción deliberada”.
Alén señaló que la Justicia federal santiagueña “actúa contra la tendencia de todos los tribunales, incluso la Corte Suprema”, de despejar el camino para que se puedan juzgar todas las violaciones a los derechos humanos. “La responsabilidad de Juárez es clara porque no suscribió en 1975 el decreto que ponía a las policías provinciales al mando del Ejército, sino que mantuvo su manejo político”, explicó. En la misma causa están imputados y se negaron a declarar los militares Luciano Benjamín Menéndez y Jorge D’Amico y el ex jefe de la Inteligencia de Santiago, Antonio Musa Azar.
Cuando ayer al mediodía se conoció la resolución del tribunal oral, las organizaciones de derechos humanos, encabezadas por Familiares de Detenidos Desaparecidos y ex Presos Políticos, aún mantenían una vigilia iniciada el domingo a la noche contra la resolución que se avecinaba. “No nos sorprende lo ocurrido, es parte de la política del juzgado de Toledo, garantizar la impunidad. Pero insistiremos en exigir que Juárez sea indagado por la desaparición forzada de personas, un delito que no prescribe”, dijo a Página/12 Antenor Ferreira, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El letrado reclamó que el Consejo de la Magistratura avance con los numerosos pedidos de juicio políticopresentados contra el juez. “Esperamos que comprendan que en la Justicia federal de Santiago queda un bolsón de impunidad”, advirtió.
Toledo ya había favorecido al ex mandatario con la excarcelación en el expediente en el que se lo acusa de haber montado una red de espionaje ilegal, con 40 mil archivos paralelos en los que figuraban políticos, periodistas y abogados opositores al juarismo. También le dictó falta de mérito en la pesquisa por el atentado a la casa del diputado José Figueroa. Entre los interventores de la provincia todavía hay esperanzas de que otro juez, Julio Lludgar, avance contra los Juárez en una causa que rastrea el cobro indebido de gastos reservados. Esta semana podrían ser citados a indagatoria por peculado (que puede no ser excarcelable) defraudación agravada y perjuicio a la administración pública. La suerte de la pareja en las causas por crímenes de lesa humanidad quedaría en manos de la Corte Suprema.