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Acosado por las imputaciones de gravísimas irregularidades en la causa AMIA, Juan José Galeano renunció anoche a su cargo de juez. El Presidente no había tomado anoche la decisión de aceptar o no la renuncia, pero si prospera la jugada del juez, ello le permitiría eludir el enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, aunque igualmente tendrá que afrontar causas penales de todo tipo por su actuación al frente de la investigación del atentado. Por de pronto, el Tribunal Oral consideró que fue pieza clave en el armado político-judicial de una pista falsa y los especialistas coinciden en que los cargos pueden ir desde privación ilegal de la libertad agravada hasta encubrimiento, delitos que no son excarcelables. De todas maneras, lo que Galeano ganaría ahora es tiempo, ya que los fundamentos del Tribunal Oral recién se conocerán el 29 de octubre y la causa por irregularidades, que instruye Claudio Bonadío, avanza a paso muy lento. En realidad, Galeano podría irse al exterior ante el tenebroso panorama que se le presenta, pero sus allegados juran y perjuran que se defenderá en la Justicia. Es cierto que también antes decían que no iba a renunciar y que enfrentaría el jury de enjuiciamiento.
La renuncia de Galeano era un rumor que ya circulaba en Comodoro Py. Si el Presidente la acepta, sigue el criterio que adoptó hace unas semanas con el ex integrante de la Corte Suprema, Adolfo Vázquez. Evitaría el largo proceso de destitución y que, además, mientras tanto siga teniendo causas a su cargo. Entre ellas está la que se relaciona con los detenidos de Quebracho y los enfrentamientos en Plaza de Mayo de hace una semana. Anoche, los familiares agrupados en Memoria Activa le hicieron llegar al Presidente un pedido para que la renuncia sea rechazada y que Galeano afronte su juicio político. La diputada del ARI, Marcela Rodríguez lo sintetizó así: “El ciudadano tiene el derecho a saber cuáles fueron las irregularidades del juez y por qué se lo destituye. Además, el jury garantiza que, si es destituido, no vuelva a ningún cargo público y que no cobre la jubilación” (ver aparte).
Un rechazo, sería tomar el camino que el Ejecutivo recorrió en el caso del juez Ricardo Lona, acusado de violación de los derechos humanos en el caso conocido como la Masacre de Las Palomitas, perpetrada durante la última dictadura. Lona no fue destituido porque faltó un voto en su contra en el Consejo de la Magistratura, pero instantáneamente después de la votación el presidente Kirchner le aceptó la renuncia. Tal vez aquella experiencia haga que la tendencia del primer mandatario sea a cortar por lo sano y aceptar la renuncia, pero el caso AMIA tiene connotaciones diferentes y Kirchner resolvió anoche pensar con detenimiento el paso que está a punto de dar.
El derrumbe de Galeano comenzó en realidad en 1997 cuando los familiares de las víctimas de la AMIA denunciaron públicamente que no existía voluntad política de investigar el atentado. En aquel acto del tercer aniversario, el juez, los ministros del menemismo y el propio titular de la DAIA, Rubén Beraja, fueron larga y ruidosamente silbados.
La mayor ofensiva fue la desatada por los familiares agrupados en Memoria Activa, quienes no sólo hicieron la denuncia ante la Corte Interamericana, sino que finalmente lograron el apartamiento del juez de la causa AMIA. Pese a que la DAIA lo defendió con uñas y dientes, los abogados de Memoria Activa, Alberto Zuppi y Pablo Jacoby, y el defensor de Ribelli, José Manuel Ubeira, consiguieron lo que terminó de hundir al magistrado: el decreto del presidente Néstor Kirchner que obligó a los agentes de la SIDE a declarar en el juicio oral y contar la verdad de lo ocurrido en la investigación. Todos revelaron entonces que, supuestamente por orden de Galeano, participaron de una operación por la cual se le pagaron en forma clandestina e ilegal 400.000 dólares al armador de autos truchos CarlosTelleldín. En los últimos días, Galeano había hecho trascender su argumento de defensa: “Hablé del pago, pero yo no pagué”, dijo. Sin embargo, los agentes de inteligencia, el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex secretario de Galeano, Claudio Lifchitz, el propio Telleldín, los videos en los que negocia el pago y el análisis de los cruces telefónicos de aquel 1 de julio de 1994, cuando se entregó la primera cuota de los 400.000 dólares, son prueba de que el juez estuvo en ese arreglo.
El fallo del Tribunal Oral fue categórico, absolvió a todos los imputados, pero el comunicado posterior de los magistrados fue aún más duro. El texto decía que: “El juez instructor (Galeano) llevó a cabo, o cuanto menos toleró, numerosos actos, tales como obtener, al margen de las leyes vigentes, información de los imputados detenidos, interceptar conversaciones telefónicas de abogados defensores, pagar a un imputado, formular promesas a otros, presionar a detenidos, efectuar filmaciones subrepticiamente a imputados y testigos, las que luego destruyó, sustrayendo tales evidencias del conocimiento de las partes y el Tribunal, formar legajos que mantuvo ajenos al conocimiento de la mayoría de las partes, facilitar encuentros entre representantes de alguna de las querellas con un detenido en el ámbito del juzgado, sin su presencia, grabar furtivamente a un abogado defensor en ocasión de una entrevista con letrados de una de las querellas, tolerar un encuentro entre un oficial superior de la Policía Federal y uno de los imputados detenidos y violar sistemáticamente el secreto que ampara el ejercicio de la abogacía, entre otros”. Cuando se den a conocer los fundamentos del fallo, se instruirán expedientes por estos delitos, y es casi seguro que el ahora ex juez terminará entre rejas.
Galeano ha sido en los últimos años sinónimo del caso AMIA y, sobre todo, de sus irregularidades. Sin embargo, tuvo al menos otras dos causas de alto contenido político: la imputación contra María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito y el expediente contra Matilde Menéndez cuando se descubrió que sus funcionarios fueron filmados cuando cobraban, en un banco, un porcentaje a prestatarios del PAMI, que hasta tenían escrito en el sobre lo que entregaban de supuesta coima.
Su performance fue muy polémica también en esos dos casos que apuntaron a chicas-top del menemismo. La causa María Julia se demoró de manera insólita. El propio Galeano tardó siete años en dictar el procesamiento —curiosamente fue una vez terminado el gobierno de Carlos Menem– y el juicio oral, en el que salió condenada, se hizo tras once años de iniciado el expediente. La funcionaria presentó argumentos irrisorios –contratos insólitos con un astillero, donaciones de su padre– y ya en el juicio oral argumentó en su defensa el cobro de siderales sobresueldos. Todo ello para justificar gastos inexplicables: por ejemplo, resúmenes de tarjeta de crédito de más de 25.000 dólares en un solo mes. Galeano aceptó tasaciones bajas para los dos departamentos frente al Central Park de Nueva York y cada paso que dio tardó siglos.
Respecto de Menéndez, nadie podía pensar que la ex titular del PAMI terminaría zafando judicialmente de semejante escándalo, incluso filmado, del cobro a las clínicas y prestadoras. Sin embargo, la funcionaria renunció, el PJ perdió las elecciones porteñas por enorme diferencia debido a la evidencia de corrupción y, aun así, Galeano no procesó a la otra chica-top del menemismo que terminó con el mayor de los descréditos, pero disfrutando de una vida pacífica por un tiempo junto al joven, supuesto secretario, que recorría el mundo con ella en tiempos mejores.
Cuando la Cámara Federal lo apartó de la causa AMIA señaló que Galeano ya no era un juez imparcial porque toda su conducta estaría orientada a defenderse de las acusaciones en su contra. En algún momento, este magistrado, apadrinado en su tiempo por los Anzorreguy, fiel al menemismo,soñó con un reconocimiento mundial por su investigación. El hecho que hoy no haya ni un solo detenido por los 85 muertos de la AMIA habla por sí solo, pero encima, al final de su carrera, el fantasma de la cárcel está a la vuelta de la esquina.