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Cuando el Congreso apruebe el presupuesto del año que viene –y eso ocurriría mañana–, se habrá definido un complicado panorama para la universidad pública, con amenazas de huelgas para el próximo ciclo lectivo. Es que los reclamos de aumentos de fondos para salarios y funcionamiento, planteados por los gremios y también por las autoridades académicas, no tendrán respuesta en la ley presupuestaria. Ante la inquietud de los trabajadores universitarios, desde el Gobierno se ha dejado trascender que en el 2005 habrá una mejora salarial, subordinada al progreso de la recaudación impositiva y a la renegociación de la deuda externa. Pero, aun cuando se materialice un aumento de sueldos, persistirá un problema: ¿con quién discuten los docentes y los no docentes la política salarial que los involucra? Formalmente deben hacerlo en cada universidad, con sus respectivos rectores. En la práctica, no es posible.
“Para nosotros es un problema discutir salarios cuando no podemos definir el presupuesto –dijo a Página/12 el titular del consejo de rectores (CIN), Luis Fernández–. Al final, la pasamos discutiendo entre quienes no podemos resolver nada. Nos sentamos a la mesa con los sindicatos y nos miramos la cara”, graficó.
El problema y el reclamo no son nuevos sino que se arrastran desde hace casi una década, desde la instrumentación de la Ley de Educación Superior, sancionada en 1995. Esa norma delegó en cada universidad nacional la potestad de definir lo que les paga a sus docentes y empleados. Es decir, descentralizó la política salarial.
El conflicto aflora nuevamente ahora porque la escasa diferencia entre el presupuesto futuro y el actual no deja margen para negociar, por caso, el aumento del 40 por ciento que pretenden los docentes. “La discusión con los rectores sólo sería posible si las universidades tuvieran fondos para asignar a sueldos. El problema es que el Presupuesto 2005 es exactamente igual al del 2004. Entonces no podemos discutir nada, ni en cada universidad ni en forma conjunta en todo el sistema –explicó Anahí Fernández, dirigente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu)–. Cuando vamos al Ministerio de Educación, nos dicen que el problema salarial no es de ellos sino de los rectores. Es el gran bonete: no sabemos quién lo tiene.”
Pese a la fractura que recorre al sindicalismo docente, todos los sectores gremiales coinciden en el reclamo. “La descentralización fue un elemento central de la política educativa del menemismo. No se puede federalizar el país, potenciando los recursos de la Nación, cuando no se respeta el principio constitucional de igual salario a igual trabajo”, señaló José Luis Molina, titular de la Conadu Histórica. “Hace falta una revisión seria del pasado, y es responsabilidad del Gobierno y del Congreso”, agregó. Para Daniel Ricci, dirigente de un tercer conjunto de gremios docentes, “hay que tender hacia la unificación de los salarios, equiparando para arriba”.
Un argumento sostenido por los sindicatos destaca que todos los otros sectores de la Administración Pública tienen interlocutores para negociar sus salarios: los docentes de escuelas, por ejemplo, negocian con los gobiernos provinciales.
La necesidad de volver a centralizar el sistema universitario es compartida por la mayoría de los rectores del CIN. “No hemos presentado una propuesta por escrito, pero sí se lo hemos planteado informalmente a las autoridades”, comentó el presidente del consejo, que es rector de la Universidad Nacional del Sur. Según detalló, algunos rectores aspiran a una centralización total y otros, a un modelo más flexible, con bandas de salarios entre las que podrían optar las instituciones.