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El escuadrón de la muerte sospechado de haber cometido varios homicidios en la zona de Don Torcuato perdió ayer a dos de sus mejores soldados. En un fallo con suspenso, por demoras en la lectura y diferencias entre los jueces sobre el monto de la pena, los policías Hugo Alberto Cáceres y Marcelo Anselmo Puyó recibieron condenas a 22 y 19 años de prisión, por haber asesinado a mansalva a José “Nuni” Ríos, de 16 años, y haber “alterado burdamente el escenario del hecho” para simular un enfrentamiento, cuando fue un virtual fusilamiento. Uno de los jueces, Ernesto García Maañón, que antes del juicio oral había sido cuestionado por la familia de Ríos, consideró “de suma peligrosidad” el accionar de los policías por su “disposición a eliminar a los delincuentes, situándose por encima de la ley con gran menoscabo de la paz social”. El tribunal ordenó que se investigue si los condenados conformaban una “asociación ilícita” (ver aparte) junto con otros miembros de una agencia de seguridad privada, llamada Tres Ases, que sigue funcionando y que intentaría imponer la ley del gatillo fácil en una vasta zona del norte del conurbano.
El sargento primero Puyó, que durante el desarrollo de la audiencia siempre mostró una actitud desafiante, ayer se sumó, en un gesto irónico, al aplauso de los amigos de la víctima que aprobaron ruidosamente el fallo. El corpulento policía no se contentó con aplaudir, mirando fijo a los jueces García Maañón, Carlos Olazar y Juan Carlos Tarsia, sino que tuvo que ser tomado por varios guardias porque intentó abalanzarse sobre los magistrados, a quienes acusó de “defender a los delincuentes”, en alusión al chico Ríos, y de actuar por “motivaciones políticas”. En el fondo de la sala, una hermana del policía Cáceres se sumó al descontento del grupo: “Era un delincuente. ¿Dónde está la Justicia? Ustedes son unos hijos de puta y ustedes también son unos hijos de puta”. La mujer se dirigió primero a los jueces y después a los periodistas presentes.
La lectura del fallo, prevista para las 10, comenzó dos horas más tarde. Los jueces consideraron que Cáceres, además del homicidio, cometió el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, dado que se acreditó que era suya una pistola 9 milímetros marca Ballester Molina, con la numeración limada, que fue hallada durante un procedimiento realizado en un frigorífico de Campo de Mayo. En esa causa se investiga el asesinato de los menores Gastón “El Monito” Galván y Miguel “Piti” Burgos, ocurrido en abril de 2001, que es atribuido también a miembros del escuadrón de la muerte al que pertenecían los policías Cáceres y Puyó.
“Este hombre trabaja para mí, esta vigilancia es mía”, dijo Cáceres cuando interrumpió el operativo que realizaba en el frigorífico el fiscal de San Martín Héctor Scebba. El sargento Cáceres admitió que el hombre que llevaba el arma ilegal, Roque Gabriel Pereyra, era su empleado. Y luego admitió que era suya el arma clandestina. “Es mía”, aseguró ante Scebba, mientras le guiñaba un ojo. Sobre el homicidio, los jueces desecharon el pedido de la defensa de los policías que argumentó que fue “legítima defensa”. El tribunal admitió que Ríos, junto con otro chico que pudo escapar, intentó robar a los policías, pero corroboró que llevaba un arma, un pistolón no apto para el disparo, sólo para “empavurar” (meter pavura), pero que nunca intentó agredir a los ahora condenados.
Los jueces dijeron que Puyó asesinó al chico Ríos “sin que hayan mediado razones legales” y que luego, junto con Cáceres, “alteraron el escenario de los hechos” para simular un enfrentamiento. Para ello esparcieron vainas de escopeta 12,60 y dejaron “plantada” una pistola 9 milímetros, que resultó ser del propio Cáceres, cerca del cuerpo de Ríos. Las vainas pertenecían a una escopeta que también era propiedad del sargento Cáceres y que fue hallada en su propio domicilio. Algunas de las pruebas vitales de la causa fueron aportadas a partir del trabajo realizado por el periodista Cristian Alarcón, publicado en Página/12, tal como dejaron sentado los jueces en la sentencia. También fue mencionada, en igual sentido, la labor del periodista Ricardo Ragendorfer.
“De la investigación realizada por Cristian Alarcón para Página/12 surgen elementos que indican que el enfrentamiento entre las partes (sobre el que hablaba la versión “oficial” de los hechos) no encuentra fundamento alguno”. El trabajo periodístico aportó testigos de identidad reservada que echaron por tierra los argumentos de la defensa de los policías. “No hubo enfrentamiento armado alguno, ni antes, ni durante, ni después del intento de robo.” A Nuni Ríos lo asesinó Puyó de tres balazos, pero la actitud posterior de Cáceres, tratando de simular un enfrentamiento, hizo que los jueces consideraran que fueron “partícipes en grado de coautores del homicidio” por el cual se los condenó.
El suspenso se instaló en la sala cuando se llegó a la definición de la pena. El primero en pronunciarse fue el juez Tarsia, quien votó por una condena de 13 años para Cáceres y de 10 años y seis meses para Puyó, por homicidio simple. La primera disidencia con el monto la planteó el juez Olazar, quien se inclinó por una pena de 22 años para Cáceres y de 19 para Puyó. En igual sentido se pronunció el juez García Maañón. El fallo por mayoría se acercó bastante a los 25 y 20 años que había solicitado la fiscal Ema Prada, que ayer volvió a soportar la mirada socarrona del sargento primero Puyó, quien estalló al escuchar el fallo.
Los dos policías fueron inhabilitados por el término de diez años para ejercer cargos públicos en la Policía Bonaerense o en cualquier otra fuerza de seguridad. El crimen de Nuni Ríos fue cometido el 11 de mayo de 2000, en el interior de un taller mecánico donde el chico había intentado esconderse, en el medio de dos autos, escapando de la persecución de los dos policías. El tribunal determinó que los condenados lo siguieron en auto y no a pie como quisieron hacer creer. “No recibieron ningún tipo de agresión de parte de Ríos”, acordaron los miembros del tribunal. La única absolución la recibió Cáceres respecto de las supuestas amenazas contra Oscar Ríos, el padre de Nuni. Los jueces concluyeron que las versiones sobre el episodio, ocurrido el 5 de enero de 2001, carecieron de la contundencia necesaria como para establecer si hubo amenazas contra Ríos, cuando éste pegaba carteles llamando a una marcha para reclamar el esclarecimiento del crimen de su hijo.