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La destitución del decano de la Facultad de Ingeniería (UBA) esta vez resultó efímera: duró un solo día. Como se veía venir desde hace meses, el consejo directivo de esa facultad echó anteayer a Bruno Cernuschi Frías con acusaciones diversas. Pero ayer mismo el rector de la universidad, Guillermo Jaim Etcheverry, resolvió suspender la validez de la medida hasta que sea analizada por el Consejo Superior de la UBA. ¿Por qué? El rector sostiene que en el procedimiento de remoción se le negó al decano la posibilidad de presentar las pruebas de su descargo, reiterando así una de las irregularidades que el año pasado motivaron la anulación de la primera destitución de Cernuschi que, a su vez, era la primera remoción de un decano en la casi bicentenaria historia de la Universidad de Buenos Aires.
El conflicto que ya hace rato es digno de un vodevil sumó esta semana dos capítulos. Primero, anteayer, el consejo directivo de Ingeniería echó al decano elegido en 2002 y con mandato hasta marzo de 2006. Para evitar protestas violentas como las ocurridas el año pasado, el consejo sesionó en la sede Las Heras de la facultad y con la sola participación de los consejeros y el público que antes se hubiera inscripto para ingresar. Presidida por el vicedecano Francisco Grasso, la sesión fue un trámite. Con once votos –aportados por siete consejeros profesores, tres graduados y un alumno–, el consejo destituyó a Cernuschi por “incumplir con sus deberes al malversar caudales públicos cuando aprobó contrataciones... También autorizó de manera ilícita pagos irregulares”, según la información detallada en un comunicado. Los opositores a Cernuschi lo acusan, además, de desconocer las decisiones del consejo directivo y, por otra parte, de cobrar simultáneamente su sueldo como decano y como investigador del Conicet.
Tras la destitución, agrupaciones estudiantiles de izquierda y la minoría de graduados de Ingeniería defendieron a Cernuschi y caracterizaron al consejo directivo como “antidemocrático y autoritario”.
El gremio docente AGD reclamó que el Consejo Superior “dé una respuesta definitiva a este grupo minoritario con denuncias en sede judicial por su manejo de fondos públicos”, en referencia a las actuaciones que lleva la Oficina de Anticorrupción por las irregularidades detectadas en la Fundación Facultad de Ingeniería durante años anteriores y denunciadas por Cernuschi.
El segundo capítulo semanal del sainete llegó ayer. El rector Jaim Etcheverry dictó una resolución ad referéndum del Consejo Superior que suspende los efectos de la destitución, porque entiende que no se ha resguardado el derecho a defensa del acusado. Eso ya lo había advertido antes de que se concretara la remoción, en una nota enviada al vicedecano instando a que se permitiera la presentación de pruebas para no incurrir en la misma irregularidad que en 2004. “La evidente desatención prestada a la advertencia previa acerca del desconocimiento de una resolución adoptada por el Consejo Superior en circunstancias idénticas implica un grave incumplimiento de las normas del Estatuto”, indica la resolución firmada por el rector. “Lo expuesto obliga a tomar urgente intervención de oficio, toda vez que se encuentra en juego el respeto a la institucionalidad en el ámbito de la universidad, lo que evidentemente afecta al interés público”, concluye.
El claustro de profesores de Ingeniería consideró que el rector estaba encabezando “una intervención encubierta de la facultad”. “Es abuso de poder, un claro rasgo de autoritarismo –se despachó Juan Manuel Di Teodoro, secretario Legal y Técnico–. Es un acto irresponsable que pone en riesgo toda la actividad de la facultad. No vamos a actuar con la misma irresponsabilidad.” Sobre los cuestionamientos al proceso de remoción, respondió: “El consejo directivo sí analizó la prueba ofrecidapor Cernuschi, pero resolvió que no era pertinente a las acusaciones. Esto sólo es una medida dilatoria que busca entorpecer el funcionamiento de la facultad. Ni Shuberoff se hubiera animado a algo así”. Por el lado del decano repuesto, obviamente, la perspectiva era diametralmente opuesta. “El proceso de destitución estaba viciado de nulidad y cualquier juez lo hubiera entendido así –estimó Armando Pérez, coordinador del decanato–. Ahora, la prioridad para el decano es preservar la institución. Su preocupación es poder asegurar, con la mayor participación pública, la transparencia de los concursos docentes y del proceso electoral de este año.”
La próxima acción u omisión estará en manos del Consejo Superior. El cuerpo, que volverá a sesionar a mediados de marzo, podrá avalar la resolución del rector o dictar otra. Y podrá hacerlo inmediatamente o postergar el asunto hasta que, después de las elecciones que deben realizarse en el segundo semestre y que renovarán las autoridades, devenga abstracto.