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Considerando su crucial relevancia para los destinos del país, es llamativo, alarmante o escandaloso (según el ánimo con que se lo evalúe) que la investigación que desarrolla La mayor estafa al pueblo argentino, documental en video que en estos días llega a videoclubes, resulte una revelación a los ojos del ciudadano medio. El tema del documental, escrito y dirigido por el cineasta Diego Musiak, es la deuda externa contraída por los sucesivos gobiernos, desde la última dictadura en adelante. Se podría suponer que cualquier argentino sabe todo lo que hay que saber sobre el asunto, y sin embargo este documental demuestra que no es así. De allí que La mayor estafa al pueblo argentino adquiera el carácter de un documento esencial. Aunque –reveladora paradoja– se trate de una investigación hecha a pulmón, que corre el riesgo de pasar inadvertida.
Más allá de que el periodismo honesto ha realizado, a lo largo de estos años, exhaustivas investigaciones sobre el asunto, la deuda externa sigue percibiéndose como una especie de fatalidad o castigo que cayó alguna vez sobre el conjunto de la sociedad argentina, y que ésta debería honrar caiga quien caiga y cueste lo que cueste. La mayor estafa al pueblo argentino demuestra que ese compromiso no es otra cosa que una gigantesca defraudación, perpetrada desde los círculos de poder político, económico y financiero internacionales, con la complicidad expresa o tácita de sus sucedáneos locales. No es un particular irresponsable quien lo afirma, sino, entre otros, el grupo de peritos que en 1985 se expidió sobre el asunto, dictaminando negro sobre blanco que la deuda argentina “no tiene justificación económica, administrativa ni financiera”. No vaya a creerse que esos peritos eran militantes de ultraizquierda: se trataba de un grupo de abogados y economistas de probadas convicciones ultraliberales.
A ese dictamen se llegó, tal como La mayor estafa al pueblo argentino documenta puntillosamente, a partir de la denuncia que un particular inició ante la justicia federal en 1982, plena dictadura militar, y que quedó caratulada con el número de causa 14.467. El denunciante, Alejandro Olmos, acusaba al ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz de “defraudación tipificada y violación de los deberes del funcionario público”. El solo hecho de que Martínez de Hoz (entre otros muchos nombres escrachados aquí) esté sospechado, en este mismo momento, de fuga de capitales, le añade una nota al pie a esta denuncia. Lo que Olmos demostraba allí es que la deuda no se contrajo –como alegara falsamente Martínez de Hoz en su descargo ante el juez interviniente– como palanca para desarrollar la producción, sino, muy por el contrario, como modo de canalizar el enorme excedente de capitales que durante los años 70 generaba la sobreproducción petrolera internacional.
El documental prueba que las autoridades económicas de la dictadura instigaban a los grandes grupos económicos a contraer deuda para concretar ese desvío de fondos. De allí en más, es por todos sabido cómo sigue la película: decuplicación de la deuda, estatización de deuda privada, plan Brady, megacanje de Cavallo, crecimiento de los intereses en progresión geométrica hasta el default de hoy. Compactar la historia entera de la deuda en poco menos de una hora y media permite constatar, con total crudeza, la continuidad que va de Martínez de Hoz hasta los que están hoy, pasando por los Cavallo, Alemann, Sourrouille, Machinea y siguen las firmas. Esta presentación sintética permite verificar también la criminal complicidad de los grandes grupos económicos, que no sólo contrajeron deuda innecesaria sino que inventaron el autopréstamo, gestionando por sí mismos el “pago” de la deuda, para terminar transfiriéndola al Estado.
Lo que no es tan sabido es que –para poner un solo y escandaloso ejemplo del grado de la estafa– el Banco Central no sólo delegó responsabilidades en la banca privada internacional sino que jamás contó con un registro contable en el que constaran el origen, aplicación, cifrasy contrayentes de la deuda. La causa abierta por Olmos se cerró con un fallo histórico: en el año 2000, meses después de la muerte del denunciante, el juez Jorge Ballestero le dio la razón, dictaminando el carácter fraudulento de la deuda externa argentina. Luego transfirió al Congreso Nacional la responsabilidad de una investigación, tal como demanda la Constitución. Allí murió la denuncia, hasta hoy. ¿Habrá alguien que se anime a desempolvarla?