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La Corte Suprema le declaró la guerra al Gobierno. Lo hizo con un fallo que le da la razón al reclamo de los ahorristas que piden que se libere el corralito pero que es, en los hechos, impracticable y empuja al Poder Ejecutivo al abismo. Seis de los nueve jueces del alto tribunal sostuvieron que las restricciones bancarias son inconstitucionales porque violan el derecho de propiedad. Lo que los llevó a esa conclusión no fue la sabiduría jurídica sino su convicción de que los cacerolazos en su contra y el avance de los juicios políticos que amenazan con su destitución “los alentó el presidente (Eduardo) Duhalde”. En la Casa Rosada están convencidos de que se trata de “una conspiración” y un “golpe de Estado institucional”.
“Les avisamos que se las íbamos a devolver”, fue una de las frases más saboreadas entre los supremos en los últimos días, especialmente después de que el jueves terminó de conformarse la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, con la expresa misión de ponerse a analizar uno a uno los 28 pedidos de remoción contra ministros de la Corte. Ese mismo día, además, sonaba en la puerta del Palacio de Justicia el quinto cacerolazo masivo en reclamo de la renuncia de los cortesanos.
La bronca de los jueces había comenzado a germinar antes, en los primeros día de enero, cuando varios emisarios del Gobierno les pidieron que implementaran, como fuera, un ajuste del 13 por ciento en la Justicia y les deslizaron la posibilidad de que tuvieran que empezar a pagar impuesto a las ganancias, de lo que están exentos. Ellos no sólo rechazaron todo recorte sino que, en una reunión con el secretario legal y técnico de Economía, Oscar Lamberto, amenazaron ya entonces con quitarle apoyo a las autoridades de turno liberando el corralito.
El domingo pasado Duhalde y Raúl Alfonsín pactaron durante una reunión de 3 horas darle curso en el Congreso a los pedidos de juicio político contra el máximo tribunal, según relató uno de los hombres de más confianza del Presidente. Esta semana algunos supremos hicieron esta lectura: “el Gobierno instaló dos demonios: los banqueros, simbolizados en la persecución de Carlos y José “Puchi” Rohm, y la Corte Suprema”. Ayer a la mañana divulgaron, primero, un comunicado en el que anunciaban el rechazo de varias apelaciones que habían presentado bancos públicos y privados, lo que obligaba a esas entidades a devolver los depósitos. En el ínterin, hubo advertencias de la Corte hacia la Rosada: si había marcha atrás con los pedidos de remoción, dejaban las restricciones como estaban. El resultado fue la acordada que aseguró que el corralito carece “de razonabilidad” y viola garantías constitucionales “en tanto desconoce el derecho de las personas a disponer libremente y en su totalidad de su patrimonio”. Fue firmada cuando faltaban 24 horas para que el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov anunciara las nuevas medidas económicas que, de esta manera, quedaron abortadas. En su discurso de anoche, Duhalde expresó “sorpresa” por la resolución y la calificó como “muy grave”. “Se qué mucha gente puede estar contenta hoy, supone que va a ir al banco y les darán su dinero. No se dejen engañar”, advirtió.
El fallo se refiere a un caso particular, el de Carlos Antonio Smith, quien había obtenido una resolución favorable de la Justicia de Corrientes, para retirar dinero de una indemnización laboral del Banco Galicia. La entidad llegó a la Corte, y esta vez los ministros cambiaron brutalmente la postura que venían manteniendo de dejar en suspenso, “per saltum” mediante, las medidas cautelares favorables a los demandantes -especialmente las que había dictado el juez Martín Silva Garretón– por una tajante definición de inconstitucionalidad.
La posición dominante fue apoyada por la mayoría automática leal al menemismo –el presidente del tribunal, Julio Nazareno, el vice, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano– más Carlos Fayt, que firmó un voto propio. En cambio, Enrique Petracchi,Augusto Belluscio y Gustavo Bossert se abstuvieron. De ese modo buscaron eludir críticas: si votaban en disidencia, la gente iba a cuestionarlos y si se sumaban a la movida para sacudir al Gobierno también.
La aplicación de la resolución no es automática para todo argentino que tenga dinero en el banco, aunque es probable que los jueces de primera instancia acaten la letra de la Corte. En el Gobierno temen que, en estas condiciones, colapse no sólo el sistema financiero sino el judicial también, cuando salga todo el mundo a reclamar su capital acorralado.
Como está planteado, el fallo de la Corte mezcla planteos jurídicos con mensajes hacia el Gobierno. Lo acusa de haber generado “un inédito y prolongado estado de incertidumbre” con una “profusión de normas”. Le critica haber desconocido, también, la ley de intangibilidad de los depósitos. Cuestiona que, además de la imposibilidad de disponer de los ahorros e inversiones se “ven cercenadas la libre disponibilidad a la extracción íntegra de los importes correspondientes a remuneraciones y jubilaciones”. Esa frase la remata con una reflexión contra la devaluación que ya se oyó de boca de Carlos Menem: “Todo ello sumado a la modificación del régimen cambiario provoca un menoscabo en la situación patrimonial del conjunto social”, añade el texto de los ministros.
Según el constitucionalista Gregorio Badeni, la Corte al diferenciar en un tramo este fallo del conocido como “caso Peralta”, que avaló el Plan Bónex, da a entender que admitiría alguna salida similar, que permita devolver depósitos en alguna clase de título. Esta es, de hecho, una de las opciones que analizaban ayer a la noche en Economía. Aunque había también voces que proponían la firma de un decreto de necesidad y urgencia que estableciera un corralito más “prolijo”. A la lectura de que hubo una iniciativa autónoma de la Corte, asustada y enojada por su posible desplazamiento, algunos colaboradores de Duhalde agregaban que “quizá detrás de todo esto esté el menemismo”. De lo que nadie dudaba era de que la decisión del máximo tribunal fue meditada, elaborada, peinada y perfumada. El titular de la Side, Carlos Soria, definió: “esta decisión no se tomó en 24 horas sino en una playa mientras veraneaban”.