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El martes corrió la versión de que la Corte Suprema no quería renunciar en medio del escarnio y pretendía darse una oportunidad antes de salir de escena, producir una medida que sofocara el ruido de las cacerolas. Ayer la versión se hizo realidad. Justo cuando el agua le estaba llegando al cuello y se preparaba el tratamiento de los 28 pedidos de juicio político que acumula, la Corte declaró inconstitucional el corralito. Fue un acuerdo de seis, con la disidencia de tres. La misma mayoría automática de siempre –algo aumentada en la ocasión– y la misma minoría funcional que con su presencia ha legitimado al cuerpo durante diez años oprobiosos. El pronunciamiento se refiere sólo a un caso individual, pero basta para dejarle un regalito de despedida al Gobierno. Si Duhalde había desoído el reclamo que rodeó su asunción y exigía el alejamiento de los nueve ministros porque necesitaba de su habitual docilidad ante el poder, esta semana la abandonó a su suerte. Ella, la Corte, en respuesta, le incendió el rancho. Un acto de neto corte menemista (¿o no es casi una certeza que se dinamitó un pueblo para ocultar el faltante de armas en Fabricaciones Militares?). La jugada resulta diabólica en su perfección. Al fin de cuentas, el presente griego para el duhaldismo es música para los oídos de ahorristas desesperados.
Se hace difícil creer en un acto de postrera honorabilidad de la Corte. Y tan difícil como creer en su sentido del honor es suponer que sea capaz de jugarse en una patriada con la única compañía de su deseo de salvación y sus buenas intenciones. ¿No será que esta medida sólo es irresistible para la banca estatal? ¿No será que, como ya han dicho algunos grandes bancos extranjeros, ellos sí están en condiciones de devolver los depósitos? ¿No será que ahora, por arte de magia, las casas matrices han dejado de hacerse las desentendidas y pueden sacar a relucir el dinero que tenían apalancado bien lejos de la quema? ¿No coincidirá el fallo de la Corte con los intereses de quienes, por ejemplo, empujan la privatización del Nación? ¿No será que el tribunal intenta una carambola y con la pantalla de respetar los derechos de los ciudadanos le hace el aguante al capital financiero internacional? La banca estatal ha encubierto una montaña de porquería; hay bancos privados nacionales que son trigo sucio y ahí están para probarlo Raúl Moneta y los hermanitos Carlos y José Rohm (según se comenta, recibido días atrás durante breves minutos por George Bush, mister president), partners, claro, de inmensas entidades suizas o norteamericanas. Son, la verdad, indefendibles. Pero si la justicia llegara de la mano de esta Corte, del Citibank y de J.P. Morgan estaríamos perdidos. Son inquietudes, conjeturas, de una ignorante en la materia, guiadas por aquello de que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Las generosidades de la Corte no suelen derramarse sobre la gente común.