El gobierno de la provincia de Córdoba se presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar el pago de una supuesta deuda de la Anses. La demanda es por 1040 millones de pesos. “Yo no busqué esto. Córdoba no está pidiendo ayuda, sólo quiere cobrar lo que le deben”, declaró el gobernador José Manuel de la Sota, quien aseguró que la Nación está incumpliendo el convenio de armonización previsional firmado a fines de 2009. Ese acuerdo comprometía a la Anses a girar 1650 millones de pesos a la provincia durante los dos años siguientes, mientras que ésta se obligaba a adaptar su sistema previsional a pautas nacionales a fin de reducir su déficit. El gobierno de Cristina Kirchner guardó silencio sobre la demanda cordobesa, pero fuentes oficiales dijeron a Página/12 que la Nación no reconoce ninguna deuda porque la provincia no avanzó con los cambios asumidos.

El convenio de armonización y financiamiento lo cerraron el 18 de diciembre de 2009 el entonces gobernador Juan Schiaretti, el entonces ministro de Economía Amado Boudou y el jefe de la Anses, Diego Bossio. Contemplaba el envío de fondos a la provincia para cubrir parte de su déficit previsional, a cambio de una paulatina reforma del sistema para hacerlo sustentable. Todo anduvo bien hasta fines de 2010, pero en ese momento la Anses dejó de enviar el dinero porque consideró que Córdoba no estaba haciendo su parte, es decir, “armonizar” su régimen jubilatorio al nacional. Las transferencias hasta ese momento rondaban los 600 millones de pesos, de ahí que Córdoba pida ahora 1040 millones.

De la Sota responsabilizó a la Casa Rosada por la situación. “No hemos tenido respuesta ni positiva ni negativa y llevo siete meses intentando el diálogo”, se quejó frente a las cámaras luego de que sus funcionarios formalizaran la presentación ante la Corte Suprema en Buenos Aires. “Yo no me quiero pelear con nadie, lo que quiero es cobrar, hacer obras. Yo busco una etapa de diálogo, ojalá la Corte Suprema convoque al diálogo, voy a ser el primero en estar ahí tratando de ponerme de acuerdo”, planteó.

El gobierno nacional no respondió, pero hizo saber que no reconoce la deuda porque le atribuye a Córdoba haber incumplido el acuerdo y la suspensión de los pagos es consecuencia de ello. En la provincia, dijeron fuentes oficiales a este diario, hay 92 mil jubilados que dependen de la caja local. Pero el número de aportantes es de 172 mil, es decir, 1,8 aportante por cada jubilado. Como la provincia paga el 82 por ciento móvil, incurre en un déficit cada vez más abultado. Este año llegará a 1240 millones de pesos. Para equilibrar la situación, debería tener más de cuatro aportantes por jubilado. Como eso no es posible, la Nación pactó con la provincia que modifique distintos aspectos de su régimen previsional a fin de ir acomodando las cifras.

“Hoy se da la incongruencia de que un docente jubilado cobra 6100 pesos y un maestro activo con 30 horas semanales gana 5700”, objetó el diputado nacional por Córdoba Fabián Francioni (FpV). Esto se debe, entre otras cosas, a que la provincia contemplaba para el cálculo del haber inicial el promedio salarial del último año de trabajo del postulante para la jubilación. En la Nación, en cambio, es el promedio de los últimos diez años. Esto llevaba a que las jubilaciones fueran en Córdoba mucho más altas que la mayoría de las que paga el régimen nacional. Para corregirlo, el convenio de armonización establecía que la provincia debía ir también a un cálculo de diez años. Sin embargo, sólo accedió a computar los últimos cuatro.

Otro punto que reclama la Nación es que Córdoba tome en cuenta para definir los aumentos jubilatorios la evolución de la recaudación provincial, pero en lugar de ello la pauta es el promedio de los aumentos salariales de los trabajadores activos. El gobierno cordobés ratificó que seguirá pagando el 82 por ciento móvil. Desde el gobierno federal dicen que puede hacerlo, pero que la Nación no lo financiará.