A pesar de la advertencia de las autoridades argentinas sobre que la impugnarían, la empresa Riovía (Boskalis International) se presentó en el concurso de precios para los trabajos de mantenimiento del dragado del canal Martín García. Los sobres con las ofertas fueron abiertos ayer en la Comisión Administradora del Río de La Plata (CARP) ante los representantes de Argentina y Uruguay, que se reunieron en un clima de tensión a raíz de las denuncia de los uruguayos, que vincularon a aquella compañía con un intento de soborno. Otras tres firmas de capitales internacionales hicieron además sus propuestas para competir por el millonario contrato de mantenimiento del canal. Tras la apertura de los sobres, la delegación argentina, como lo había anticipado la Cancillería, pidió que la propuesta de Riovía sea dejada fuera del concurso.

Los integrantes de la delegación uruguaya avalaron en cambio la presentación de las cuatro empresas. Esta diferencia entre las delegaciones será en los hechos una traba para el avance del concurso de precios. Como la CARP sólo puede tomar decisiones por consenso, el procedimiento podría avanzar sólo si esta discrepancia logra ser superada por los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica, que hoy se verán en Brasilia, en el marco de la cumbre del Mercosur, para discutir el tema.

El dragado del canal es un tema que hace al interés comercial de los dos países. Para el Uruguay, es estratégico contar con una vía para que los barcos de gran calado puedan entrar al puerto de Montevideo. Pero también la Argentina lo necesita para que los buques de mayor eslora lleguen al puerto de Rosario, segundo del país y clave para las exportaciones de granos. Por otra parte, el conflicto surgió como inesperada nueva fuente de malestar para las gestiones de la presidenta argentina y Mujica, que vienen tratando de recomponer relaciones después del cortocircuito mayor que generó la instalación de la pastera Botnia sobre el río Uruguay.

Ayer, horas antes de encontrarse cara a cara en Brasilia, los dos mandatarios anticiparon que tienen la intención de mantener una reunión para destrabar el tema. La Presidenta fue consultada en la Casa de Gobierno, donde dijo que “seguramente” tratará la situación con Mujica. El mandatario uruguayo, a su vez, confirmó lo mismo poco antes de embarcar rumbo a la cumbre y pidió que el diálogo no se realice a través de los medios.

Contratos a diez años

Para el dragado del canal están en juego dos licitaciones. Su mantenimiento está hoy a cargo de la empresa Riovía, a la que le fue prorrogado el contrato hasta enero del año que viene. Ayer se inició un concurso de precios para adjudicar el mantenimiento a partir de enero del año próximo. Son trabajos para mantener el canal con una profundidad de 32 pies. Luego se realizará una licitación entre las mismas cuatro empresas para profundizar el canal a 34 pies –lo que se estima llevará alrededor de un año– más el mantenimiento por los siguientes diez años.

Lo que se hizo ayer fue abrir los sobres con las ofertas para el mantenimiento del canal a partir de enero próximo, por un lapso que se cree será de entre uno y dos años. La empresa que gane se quedará con un contrato de unos quince millones de dólares anuales. Aunque ayer se abrieron los sobres, no se sabe todavía cuál fue el presupuesto presentado por cada una, porque los precios van en un segundo sobre cerrado, junto a los informes de las compañías sobre sus capacidades técnicas. En una primera etapa, la CARP sólo evaluará estos informes para determinar si tienen las maquinarias y recursos necesarios para hacer el dragado. Una vez que pasen esta evaluación, se realizará un nuevo acto para abrir los sobres que contienen los precios ofertados.

El acto de apertura se realizó en la oficina que la CARP tiene en Buenos Aires, ante un escribano y con la presencia de los representantes de las cuatro empresas, dos belgas (Dredging International y Jan de Nul) y dos holandesas (Van Oord Dredging Marine Contractors y Boskalis International, esta última la objetada por el supuesto intento de soborno).

La denuncia

Argentina resolvió excluir del concurso a Riovía (que pertenece a Boskalis International), ante la polémica que se generó por la denuncia de supuestas irregularidades cuando se le renovó el contrato de mantenimiento del dragado. La versión, difundida en Uruguay, señaló que le fue ofrecido un soborno de un millón de dólares a funcionarios de la CARP para apoyar le extensión del contrato a Riovía, que desde hace dos décadas draga el canal. Según los medios uruguayos que lo publicaron, la empresa habría intentado coimear al ahora ex presidente de la CARP y ex embajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo.

Bustillo no lo desmintió y días más tarde el también ex embajador Julio Baraibar reiteró la denuncia. En declaraciones a una radio, aseguró que Bustillo le había contado “que lo habían querido sobornar, que se había negado y que había informado a sus superiores”. Más tarde, en medio de fuertes cruces, Baraibar se desdijo. Empezó así una serie de denuncias luego desmentidas o relativizadas que pusieron al tema del dragado en el actual terreno pantanoso.

Los dos gobiernos dieron intervención a sus órganos de control, el Tribunal de Cuentas uruguayo y la Sindicatura General de la Nación argentina, para que revisaran los procedimientos bajo sospecha. La Sigen no encontró irregularidades, pero el Tribunal de Cuentas, citando información “secreta”, manifestó que tenía “dudas”. La Cancillería argentina pidió entonces al Uruguay que levantara el secreto sobre esa documentación y Uruguay se negó. Finalmente, Argentina planteó que quería suspender toda actuación por el dragado hasta que los orientales “aclararan sus dudas”.

La Cancillería uruguaya afirmó entonces que, en realidad, “no existe siquiera la apariencia de un delito” y pidió a la Casa Rosada que continuara adelante con la selección de la empresa que realizaría los trabajos. De todas maneras, respaldó el informe del Tribunal de Cuentas donde se expresaban las “dudas” sobre la regularidad del procedimiento para extender el contrato a Riovía.

Por último, el canciller Héctor Timerman anunció que la Argentina había decidido excluir a la empresa Riovía/Boskalis de todo trabajo en el canal, pero su par Luis Almagro rechazó esta postura, y aclaró que su país no se responsabilizaría por eventuales demandas que pudiera presentar la empresa. Así las cosas, se llegó al acto de apertura de sobres de ayer, que llevó apenas una hora y tuvo un carácter casi formal.

Los representantes de las compañías –entre ellos el de Riovía/Boskalis– se limitaron a presenciar el acto, sin hacer manifestaciones. La controversia entre los funcionarios argentinos y uruguayos quedó asentada en el acta por un escribano. Los presidentes Kirchner y Mujica tratarán de abrir este paquete hoy para encontrarle una salida. Aunque en la CARP nadie se animaba a anticipar cuál podría ser el camino, está claro que hoy el interés común es avanzar en el dragado, del que dependen las posibilidades de ampliar las exportaciones para los dos países.