Los chicos internados en el Hospital Tobar García deben soportar “que no se sepa cuáles son las actividades psicoterapéuticas y de rehabilitación, lo cual genera incumplimiento de los tratamientos”; reciben remedios “con fecha de vencimiento manuscrita, sin firma del responsable” y el personal de enfermería que los atiende “debería ser reevaluado”. Cuando están en condiciones de ser externados, las altas se demoran porque “no se pone énfasis en la atención domiciliaria que preserve los vínculos sociales y familiares”, porque el hospital de día del Tobar “no está en condiciones de recibir derivaciones de su propio servicio de internación” y porque, “por falta de articulación con el Ministerio de Desarrollo Social” porteño, tampoco hay suficientes “hogares” a donde mandar a los chicos, y los que hay presentan “falta de higiene, falta de seguridad eléctrica, falta de profesionales idóneos”. Estos y otros señalamientos formula un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires sobre esa institución donde se atienden “niños y adolescentes que, además de sus cuadros psiquiátricos, padecen violencias, abandonos y maltratos”.

El Informe Ejecutivo sobre el Hospital Carolina Tobar García, elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (Agcba), responde a tareas de auditoría efectuadas entre el 7 de febrero y el 30 de abril de 2011 y se dio a conocer hace algunas semanas. Este diario se comunicó con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires para preguntar si las observaciones contenidas en el Informe dieron lugar a rectificaciones, pero no obtuvo respuesta.

El documento de la Auditoría señala que “no existe un formulario Hoja Día del paciente con indicación del tratamiento: días, horarios y profesionales. Esto hace que no se sepa cuáles son las actividades diarias, psicoterapéuticas y de rehabilitación, lo cual genera falta de cumplimiento de los tratamientos”. Además “no hay una efectiva articulación entre los ministerios de Salud y Desarrollo Social”. Miguel Mato, director general de Control de Salud de la Agcba, señaló que esto “conduce a que pacientes no puedan ser externados porque, por esa desarticulación, no hay a donde derivarlos”.

La mayoría de los pacientes del Tobar provienen “de hogares desarticulados, con casos de violencia familiar, en situación muy precaria”, señaló Mato. La respuesta de la Ciudad es la contratación, por el Ministerio de Desarrollo Social, de instituciones de asilo, “hogares contratados”. Cuando esta salida (a su vez cuestionada desde el criterio de fortalecer la familia ampliada del chico) finalmente se concreta, sucede, según el Informe, que “los hogares contratados no cumplen con todos los requerimientos necesarios”. En siete de las 14 instituciones contratadas “se observaron vidrios rotos, cables expuestos, falta de seguridad eléctrica, de gas y contra incendios”; en cuatro, “falta de higiene” o “carencia de personal de apoyo o de profesionales idóneos”.

Otra dificultad para externar es que el hospital de día del Tobar “responde a un perfil diagnóstico que no está en condiciones de incorporar las derivaciones del servicio de internación”. Mato precisó que “el hospital de día del Tobar plantea requisitos diagnósticos tales que los pacientes externados no pueden servirse de él”.

En definitiva, “no existen los dispositivos que se requieren para la externación en tiempo y forma de los pacientes –dictaminó la Agcba–, lo cual se contrapone con el marco legal vigente que enfatiza en la asistencia ambulatoria, la internación breve, la atención domiciliaria que preserve los vínculos sociales y familiares”. Entonces, “el tiempo promedio de internación de pacientes que ya tenían el alta fue de 78 días, con un mínimo de 28 y un máximo de 199 días”. Y “no se realiza un seguimiento de los pacientes derivados a un dispositivo de albergue, a fin de garantizar la continuidad de atención y evitar reinternaciones”.

El dictamen manifiesta especial preocupación por el personal de enfermería: “Es imprescindible elaborar normas que regulen su actividad”; mientras tanto, sugiere “una evaluación periódica de las actividades de todo el personal de enfermería”. En cuanto a la medicación psicofarmacológica, la Auditoría constató “entregas con número de lote y fecha de vencimiento manuscritos, sin firma del responsable”. Según observó Mato, “encontramos comunicaciones de médicos del hospital advirtiendo que los fármacos utilizados no producían el efecto previsto y que tenían que calcular ‘a ojo’ las dosis”. Tampoco se completaron las obras “de refuncionalización, planificadas para realizarse en 18 meses y que llevan ya cinco años”.

Eduardo Epszteyn, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, destacó que “se verificaron graves falencias, que conciernen no sólo a la infraestructura edilicia, sino a la forma de trabajo: la falta de historias clínicas adecuadamente formuladas lleva a que el tratamiento en cada caso permanezca impreciso, para los profesionales y también para los pacientes, que debieran prestar su consentimiento informado. Esto tiende a cronificar los problemas de chicos y jóvenes que han soportado problemas psicosociales importantes, incluidas situaciones de maltrato”.