Principal RADAR NO Turismo Libros Futuro CASH LAS/12

ECONOMíA EN PAGINA/12 WEB
 07 ENERO 2001








 

Jubilación
cobertura

- De los 15,3 millones de trabajadores de la población económicamente activa, 8,9 millones no realizan sus contribuciones al sistema previsional.

- Esto significa que la mitad de los actuales trabajadores no se podrán jubilar.

- La desocupación, el empleo en negro y la flexibilización laboral son algunas de las causas que impiden el acceso a la seguridad social.

- En el Gobierno presentaron la polémica Reforma Previsional como una “redistribución solidaria” para ayudar a los que se quedan al margen del sistema.

- Sin embargo, los requisitos incluidos en el decreto podrían convertir a la iniciativa en un “privilegio” para pocos.


Pasando la gorra

 

Por Fernando Krakowiak

Las estadísticas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) son contundentes: de los 15,3 millones de trabajadores de la población económicamente activa, 8,9 millones no realizan sus contribuciones al sistema previsional. Esto significa que la mitad de los actuales trabajadores no se podrá jubilar. La desocupación, el empleo en negro y la flexibilización laboral son algunas de las causas que impiden el acceso a la seguridad social. Los trabajadores que no aportan no sólo pierden la posibilidad de jubilarse, sino también el derecho a recibir salario familiar, obra social, vacaciones pagas, aguinaldo, licencias, pensión por invalidez, indemnización por despido y seguro de desempleo. Además, en caso de muerte, a los familiares no les corresponde ninguna pensión. En el Gobierno presentaron la eliminación de la garantía estatal de 200 pesos para los futuros jubilados (Prestación Básica Universal) y la quita en la retribución de las mujeres que decidan retirarse entre los 60 y los 65 años, como una “redistribución solidaria” para ayudar a los que se quedan al margen del sistema. Sin embargo, los requisitos incluidos en el decreto podrían convertir a la iniciativa en un “privilegio” para pocos.
A partir de la reforma dispuesta por la vía controvertida de un decreto, quienes nunca aportaron para su jubilación recibirían un beneficio universal de 100 pesos y los que acrediten más de 10 y menos de 30 años, una prestación proporcional, que tendrá un piso de 150 pesos y aumentará 10 pesos por cada año de contribución hasta llegar a un máximo de 300 pesos. Actualmente, el Ministerio de Desarrollo Social otorga pensiones de 100 pesos a los mayores de 70 años. Pero, para poder cobrar, la persona debe extender un “certificado de pobreza” donde conste que no posee propiedades, ni hijos, ni cónyuge capaces de mantenerla. Por ejemplo, si una anciana carece de ingresos, pero tiene un esposo que cobra una jubilación de 150 pesos, no está en condiciones de acceder a la pensión.
El diputado aliancista y miembro de la Comisión de Previsión Social, Eduardo Santín, afirmó a Cash que el subsidio para los que no hayan aportado no tendrá estas restricciones ya que “pretendemos que sea para todos y no sólo para los pobres estructurales”.
Si los 8,9 millones de trabajadores que hoy no aportan, en el futuro reclamaran la pensión, el Estado se vería obligado a destinar 10.700 millones de pesos anuales para el pago del beneficio universal. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, aclaró a este suplemento que “la gente que decidió no trabajar durante su vida, la que recibe rentas y la que tiene propiedades de lujo no recibirá el subsidio”. Las restricciones que se incluyen en el decreto dejarán a muchos interesados a mitad de camino. Se debe tener 75 años como mínimo (a partir del 2007 se requerirán 70 años); no percibir ningún beneficio previsional; no ser propietario de bienes inmuebles con excepción de la vivienda única; no percibir ingresos de otras fuentes y no estar casado o unido de hecho con una persona comprendida en alguna de estas exigencias, salvo la referida a la edad.
Héctor Recalde, abogado laboralista y asesor de la CGT disidente, se quejó ante Cash porque “el Gobierno busca disimular el recorte de derechos laborales otorgándoles migajas a los que no tienen nada”.
La caída de la recaudación previsional se debe fundamentalmente a la falta de control estatal y a las ventajas otorgadas al sector empresario durante los últimos años. Las cajas provinciales tienen 1,2 millón de cotizantes. Las Fuerzas Armadas, de Seguridad y los profesionales suman 400 mil. Mientras que 4,8 millones aportan al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). El resto se queda afuera de cualquier tipo de beneficio. El Estado deja de recaudar cerca de 8000 mil millones de pesos debido a la elusión y a la evasión empresarial en concepto de aportes y contribuciones. En 1993 se decidió eliminar la Dirección de Recaudación Previsional y concentrar en la Dirección General Impositiva las tareas de recaudación y fiscalización. El entonces ministro Domingo Cavallo argumentó que así se lograría mayor eficiencia en los controles. Sin embargo, la evasión fue aumentando cada vez más. El Estado ya no tiene inspectores especializados en el tema previsional. La AFIP no registra la calidad de los empleos. Por lo tanto, si un empresario aporta por un sueldo de 200 pesos en lugar de por uno de 600 pesos no se lo puede detectar. A su vez, el trabajo en negro alcanzó el 40 por ciento y en la mayoría de los casos los empleados evitan quejarse por miedo a perder sus puestos.
La flexibilización de las condiciones laborales también colaboró en el desfinanciamiento del sistema. En marzo de 1995 se sancionó la ley 24.465 que permitió contratar trabajadores por un período de prueba de 3 a 6 meses, sin tener que aportar a la seguridad social. La situación se revirtió con la ley 25.013 de 1998, que obligó a realizar los aportes luego del primer mes de contrato. Finalmente, la reforma laboral aprobada por la Alianza en mayo del año pasado extendió el período de prueba hasta un máximo de 12 meses, pero obligó a las partes al pago de aportes y contribuciones desde el inicio.
Los contratos de locación de servicios también son utilizados, en muchos casos por el Estado, para incorporar empleados permanentes sin alterar la planta y restringiendo derechos. Los trabajadores realizan las mismas tareas que quienes están en relación de dependencia, pero carecen de los beneficios laborales que conservan sus compañeros.
Otro de los recursos para evitar el pago de aportes jubilatorios lo constituyen las pasantías educativas. En un principio fueron ideadas con el objeto de complementar la formación de los jóvenes universitarios para favorecer su ingreso al mercado laboral. Pero numerosas empresas renuevan sus pasantes en forma constante sin efectivizar a ninguno. De esta forma, logran ocupar los puestos de menor calificación con estudiantes que rotan permanentemente, justo antes de que se cumpla el período que las obliga a reconocer los derechos contemplados en los convenios colectivos de trabajo. En setiembre de 1999 se estableció por ley que las pasantías tendrían un mínimo de dos meses y un máximo de un año, pero en julio del año pasado el decreto 487 extendió el plazo de dos meses a cuatro años debido a la presión empresaria.
Todas estas modalidades de contratación conforman, junto con el desempleo y el trabajo en negro, un cóctel explosivo que imposibilita el acceso a la seguridad social.
El beneficio universal y la prestación proporcional fueron las opciones elegidas por el Gobierno para intentar suavizar el impacto demoledor que provocara en el largo plazo la desprotección de los trabajadores. Sin embargo, las restricciones del decreto limitan los alcances de esa iniciativa.

LA REBAJA DE APORTES DESFINANCIA AL SISTEMA

De eso no se habla

La “redistribución solidaria” que propone el Gobierno al eliminar la PBU y crear el Beneficio Universal se podría evitar si en lugar de repartir los recursos existentes se optara por ampliarlos. La ley 24.241 establece que el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones se debe financiar mediante contribuciones patronales, aportes realizados por los trabajadores, impuestos y otros recursos adicionales. El empleador está obligado a aportar el equivalente al 16 por ciento del sueldo de sus empleados. Sin embargo, en los últimos años se disminuyó la incidencia sobre el costo laboral de las empresas con la promesa de lograr una mayor competitividad que permitiera generar más puestos de trabajo y favorecer el blanqueo de la mano de obra. Durante la gestión de Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía se realizaron rebajas de entre el 30 y el 80 por ciento en los aportes patronales. Las empresas de servicio público privatizadas pasaron de pagar el 16 por ciento sobre la nómina salarial a sólo el 3,2 por ciento. Las automotrices, los hipermercados y los peajes también consiguieron rebajas. En la mayoría de los casos los beneficios se siguen manteniendo.
Pero las personas con problemas de empleo ya suman 4 millones y la cantidad de aportantes sigue en picada. Los descuentos al sector empresario se legitimaron a través del artículo 188 incorporado a la Ley Previsional en 1995. Allí se afirma que el Poder Ejecutivo está facultado para disminuir las contribuciones patronales “únicamente en la medida que fueran efectivamente compensadas con incrementos en la recaudación del sistema, o con aportes del Tesoro”.
La transferencia de más de 4500 millones a las AFJP y los 27 meses de recesión ininterrumpida han vuelto cada vez más difícil el financiamiento del sistema estatal de reparto. Sin embargo, la gestión aliancista decidió mantener las rebajas patronales e impulsar un recorte en los beneficios a través de una nueva reforma del sistema jubilatorio.

 
 

Hector Recalde asesor laboral CGT Moyano

“Disimulan el recorte de derechos dando migajas”

“El Gobierno busca reducir el déficit recortando los derechos de los trabajadores y lo quiere disimular otorgándoles migajas a los que no cobran nada a través del Beneficio Universal. Abolir el sistema de reparto significa abolir la Constitución, porque el artículo 14 bis dice que la ley establecerá el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administrado por los interesados con participación del Estado. A su vez, al aumentar la edad jubilatoria se genera inseguridad jurídica porque las mujeres aportaron a un sistema que les garantizaba la jubilación a los 60 años. El 65 por ciento del sistema estatal se financia con impuestos. El Gobierno quiere bajar este porcentaje a costa de los trabajadores cuando la transferencia de recursos al sector empresario está cerca de los 4000 millones de dólares anuales. No es lógico que el Estado subsidie a Repsol YPF, que ganó 1000 millones de dólares en un semestre, con una reducción de aportes. La solución se debería lograr eliminándoles las rebajas patronales a las empresas de bienes no transables. Se deben simplificar los trámites registrales para que las pequeñas empresas puedan cumplir con la ley e implementar un sistema comunitario de policía del trabajo conformado por el Estado, los sindicatos, las cámaras empresarias y las ONG. Además, si se redistribuyera mejor la riqueza, se recaudaría mucho más a través del IVA y de los aportes directos. De esta forma, se podría financiar el sistema incorporando a los que no aportan, en lugar de pensar en beneficios específicos.”

PATRICIA BULLRICH Ministra de Trabajo

“El Beneficio Universal no será muy amplio”

¿En qué se diferencia el Beneficio Universal que propone el Gobierno de las pensiones graciables a la vejez?
–Las pensiones graciables tienen una serie de restricciones y un límite presupuestario anual.
¿Qué pasará con el Beneficio Universal del decreto?
–No va a tener tantas restricciones como la pensión a la vejez, pero tampoco va a ser tan amplio como para que cualquier persona pueda obtenerlo. La gente que decidió no trabajar durante su vida, la que recibe rentas y la que tiene propiedades de lujo no recibirá el subsidio. No obstante, los límites los terminará de reglamentar el Poder Ejecutivo.
Si el Gobierno no puede garantizar los recursos previsionales, ¿por qué no vuelve a exigir un 16 por ciento de aportes patronales en lugar de recortar beneficios?
–Nosotros hemos impulsado la rebaja de aportes y así está planteada la ley laboral. Estamos apostando a los contratos por tiempo indeterminado que tienen una rebaja de aportes patronales. En el mundo se está tendiendo a la rebaja de los aportes y una suba nos quitaría competitividad y dificultaría el aumento de nuestras exportaciones.
¿Y entonces por qué no se intenta reducir la evasión?
–Estamos elaborando una libreta de seguridad social para registrar a un mayor número de trabajadores. También se está buscando la posibilidad de simplificar los trámites de las pymes y que los trabajadores paguen sólo cuando facturan. Un sistema más flexible que nos permita registrar a unas 5 millones de personas que están afuera del mercado formal. Además, vamos a implementar un sistema que obligue al empleador a depositar el salario en bruto. Así va a dejar de ser agente de retención y se distribuirán los aportes entre los que tienen que recibirlos.

Eduardo Santin diputado por la Alianza

“Pretendemos que el Beneficio sea para todos”

¿No es contradictorio proponer un Beneficio Universal al mismo tiempo que se elimina parcialmente la PBU para ahorrar recursos?
–Nosotros pretendemos que el ahorro que significa la PBU se redistribuya mejor. Tenemos que resolver el equilibrio del sistema previsional.
¿La eliminación de la PBU tiene por objetivo una mejor redistribución?
–Sí. Actualmente entre el 7 y el 8 por ciento de los mayores de 65 años no tiene beneficio. En el 2010 va a ser el 35 por ciento. Y en el 2020 van a ser más del 50 por ciento. Tenemos que generar alguna alternativa. 100 pesos no parece la prestación ideal, pero se le deben sumar los 40 pesos destinados a través del PAMI.
¿Cómo van a hacer para que no se transforme en otra pensión graciable?
–Las pensiones graciables son para los pobres estructurales. Nosotros pretendemos que este beneficio sea para todos. No es una pensión no contributiva, sino una prestación jubilatoria para los que trabajaron y no tienen los aportes.
Pero al no tener que acreditar aportes se vuelve no contributiva.
–Es no contributiva si uno supone que las contribuciones son nada más que los aportes, pero el sistema también está compuesto por impuestos. El 65 por ciento de los ingresos corresponde a impuestos y apenas el 35, a aportes y contribuciones. Los impuestos los paga toda la población, pero sólo se jubilan los trabajadores formales. En la práctica la PBU es universal sólo para los que aportaron. Sin embargo, el que trabaja en negro no lo hace porque quiere. Por lo tanto, lo que debe hacer el Estado es otorgarle un beneficio.