Es probable que mañana la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires vuelva a analizar la caducidad de la personería de PROpuesta Republicana, que el 26 de febrero decretó ese mismo cuerpo, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (desde hace dos semanas, Juan Carlos Hitters) e integrada por los presidentes del Tribunal de Cuentas (Eduardo Grinberg) y de las Cámaras Civil (Ana María Bourimborde), Penal (Eduardo Delbés) y Contencioso Administrativo (Claudia Angélica Matilde Milanta). PRO presentó un pedido de revocatoria y tiene dos opciones ganadoras: que la Junta acepte modificar su propia decisión, siguiendo una propuesta de su Secretario de Actuación, Guillermo Aristía, o que haga silencio, con lo cual podría interpretarse que la revocatoria quedó suspendida. Si confirmara que por no haber alcanzado el 2 por ciento de los votos en las dos últimas elecciones no puede presentar candidatos en Buenos Aires, el partido amarillo podría apelar ante la Suprema Corte de Justicia provincial o competir con otro sello. Para cualquiera de ellas los tiempos son exiguos: la Corte no tiene plazos para pronunciarse y un nuevo partido debe ser reconocido por lo menos 70 días antes de las Primarias, es decir a fin de este mes. El PRO también está flojo de papeles en Santa Fe, dado que el juez federal Reinaldo Rodríguez rechazó el balance firmado en 2012 por su candidato Miguel Del Sel, quien se presentó a dar explicaciones. Peor es la situación de los socialistas, cuyo balance para la campaña de 2007, que firmaron como presidente y tesorero el ex gobernador Hermes Binner y el candidato a la gobernación Miguel Lifschitz, también fue rechazado. Cuando fueron citados a dar explicaciones no se presentaron, dos veces cada uno, y recusaron al juez Rodríguez. En cambio fueron aprobados sin objeciones los balances del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. El fiscal Walter Rodríguez pidió el desafuero de Binner a la Cámara de Diputados de la Nación y el de Lifschitz al Senado provincial, de acuerdo con el Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados de la ley 25.320. Según la declaración presentada por sus apoderados, en 2007 el socialismo recibió aportes privados por un total de 1,87 millones de pesos pero sólo presentó una lista de aportes de personas físicas por 781 mil pesos y sin la documentación de respaldo, como señaló el miembro del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral, León Derhovsepian. Para el juez Rodríguez, ese balance “no representa la situación económica real” ni “logra poner en conocimiento de la ciudadanía en forma mínimamente clara o al menos aceptable la evolución financiera y patrimonial registrada”. Esta no es una excepción sino la regla. Una investigación de la estación santafesina de Radio Nacional difundida el jueves sostiene que en 2003 el socialismo no presentó balance y que los de 2004, 2005 y 2006 también fueron desaprobados. La estrategia del silencio y la ausencia ante las citaciones judiciales es difícil de comprender, sobre todo ante las constantes denuncias sobre financiamiento narco a la policía y el gobierno provinciales y el juicio abreviado a la banda de Los Monos, de modo que no hubiera audiencias públicas en las cuales se ventilaran estas incómodas cuestiones. La ley de 2006 sobre el financiamiento de los partidos políticos contempla la inhabilitación de seis meses a diez años del presidente y del tesorero del partido que “no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”. Hace tres años la jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, la invocó para inhabilitar por dos años al ex gobernador Jorge Sobisch.