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El porcentaje de violadores de niñas y de niños, así como de abusadores y de padres incestuosos, evidencia una realidad que no sabemos si está en aumento o si los adultos responsables han aprendido a escuchar a los chicos y a mirarlos reconociendo los síntomas que transparentan a una criatura victimizada.

De este modo, abusadores, violadores e incestuosos comenzaron a sentirse incómodos, particularmente cuando son reconocidos por los profesionales que realizan los diagnósticos que demuestran el delito y (en oportunidades) quedando de esta forma involucrados o sentenciados por la Justicia: por una parte, los atacantes sexuales sancionados por la Justicia (con frecuencia separados de sus hijos ante la evidencia del delito) junto con quienes aún están encubiertos y, por la otra, los defensores de los niños y niñas.

Estos sujetos anónimos se amontonaron para configurar y organizar un fenómeno sociológico propio de fuerzas opuestas, la histórica oposición entre el Bien y el Mal. Avanzan con una estrategia que intenta confundir a la comunidad. Con la pretensión de advertir respecto de la “corrupción” de los profesionales e instituciones que defienden a niños y a niñas de sus manoseos y violaciones, desparraman correos en Internet, volantes en las calles y pintadas en las paredes, con una serie de listas con los nombres de profesionales cuya idoneidad y proceder ético se sostienen hace años en nuestro país y en el exterior.

Al advertir que las denuncias de abusos, incestos y violaciones ocupan cada vez más espacios en los medios de comunicación, mostrando que los responsables, con notoria frecuencia, son los padres de las víctimas, a veces también sus asesores espirituales (¡qué disgusto con el clero en Irlanda!, para ejemplificar a distancia) o cualquier otro miembro de la familia; y que los profesionales experimentados en el tema demuestran no sólo la veracidad de las narraciones de los chicos, sino que avanzan en la exigencia de detener a los agresores, decidieron que el patriarcado (la familia tradicional) estaba en peligro. Inclusive puede suponerse que los más entusiastas “denunciadores” que envían los mensajes con ridículos inventos acerca de la ética de los profesionales fueron –sean– algunos de los que cuentan con una sentencia judicial por habérseles demostrado la agresión sexual contra uno de sus hijos.

Si los profesionales especializados en diagnosticar y demandar por los ataques que padecen los niños y las niñas, además de escribir y de hablar a través de la radio y la tevé acerca de este delito, no hubiésemos sido escuchados atentamente por la comunidad, estas personas no se hubiesen aterrorizado. Producto del terror iracundo es la producción que han emprendido, acusando a los profesionales y poniendo en práctica el paradigma de lo que se conoce como backlash, contragolpe o latigazo en su traducción literal. Inventan, para la persona temida –los profesionales que pueden denunciarlos– la realización de los delitos que ellos han cometido, o bien son quienes adhieren a la ideología de considerar mentirosas a las criaturas víctimas o manipulables por los adultos interesados en perjudicar a los agresores. Los pedófilos potenciales y los activos pueden estar mezclados en estas organizaciones que se pretenden salvadoras de las familias contra aquellos que hace décadas defendemos a niños y niñas.

En Occidente se estudia este fenómeno hace tiempo y entre nosotros existen excelentes textos académicos que permiten reconocer la aparición de este contramovimiento que se opone al avance que se viene logrando en defensa de las víctimas y el reconocimiento de la verosimilitud de sus narraciones cuando cuentan qué es lo que los adultos les hicieron.

Mariana Carbajal, en su artículo de Página/12 del miércoles 27 de mayo, esclarece esta política y asocia este movimiento con determinadas historias de nuestro país.

Estos sujetos intentan que la gente crea que quienes escribimos o quienes los conducen ante la Justicia o se ocupan de acompañar psicoterapéuticamente la desdicha fenomenal de la criatura violada son corruptores. Al pretender destruir a quienes defienden a los chicos, son ellos quienes están interesados en oponerse a la denuncia y sanción del delito.

¿Quiénes podrían respaldarlos? ¿Quiénes están muy interesados en mantener el modelo de familia occidental, patriarcal, tradicional en el cual el delito era silenciado? No son pocos y cuentan con determinados poderes.

Estudiando la historia de este fenómeno encontramos que el contramovimiento que se opone a la defensa de los chicos, o backlash, ha logrado lesionar el trabajo de algunas instituciones y de los profesionales. Por eso es imprescindible legislar al respecto; sin la intervención de la ley, este universo de profesionales que sólo cuenta con su técnica y su sentido ético queda a merced de la maledicencia y aun de los ataques físicos y verbales. Porque alguien protege a estos violentos.

Son quienes precisan que las víctimas no sean creídas, necesitan que sus narraciones no encuentren quién las acompañe y las defienda.

No hace falta recurrir a los incestuosos que engendran hijos con sus hijas, alcanza con el padre o el tío o el hermano o el abuelo para que el delito tienda a ser encubierto y silenciado “para defender la familia”.

Que algún técnico pueda equivocarse en la evaluación de un historial puede suceder, pero ello no acredita ni intención de destruir la familia ni corrupción, y puede corregirse en la discusión entre profesionales.

El fenómeno aparece por ciclos y es importante que la comunidad sepa que, cuando en su correo electrónico ingresen nombres de profesionales a los que se intenta descalificar sin que resulte posible demostrar la más mínima transgresión en sus prácticas y técnicas, están frente a un contraproyecto destinado a silenciar a las víctimas y a quienes las defienden.

Así como la comunidad aprendió la importancia de denunciar la victimización de una criatura, otros intentan que un universo de profesionales –y no sólo los mencionados en las listas– sea paralizado mediante calumnias. Por eso es necesario informar: quienes –desde hace décadas– pretendemos garantizar los derechos de los niños y niñas víctimas sabemos que el contragolpe es producto del crecimiento de la conciencia comunitaria acerca de los delitos que históricamente se silenciaban o cuyos autores no encontraban sanción por parte de los ejecutores de la ley.

La prevención del “abuso” sexual empieza por informar que existe un contraproyecto, un movimiento que se opone a escuchar la voz de los niños y de las niñas victimizados o en peligro de serlo. Puede encontrar a sus miembros en la calle o en el correo electrónico, como los virus.