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¿La única evaluación posible acerca de los medios, su programación y sus propuestas son las mediciones de audiencia, más conocidas como rating? ¿Es realmente una evaluación? ¿O apenas un mecanismo de marketing y competencia hacia adentro el sistema? ¿Es posible desarrollar otro tipo de auditorías que contemplen, no sólo la condición de los públicos en tanto meros consumidores, sino también una mirada que los reconozca en su condición de ciudadanos?

Sólo para evitar interpretaciones antojadizas, vale decir que no se trata de instalar límites a la creatividad o algún tipo de restricciones a la libertad de expresión. Es, más bien, la posibilidad de abrir otros canales y alternativas para el debate sobre la calidad de la oferta de los medios desde criterios no acotados al negocio mediático, sino desde escalas de valores basados en el respeto, la convivencia social, el reconocimiento de los principios ciudadanos y democráticos. Es una manera de considerar a las audiencias como actores activos, creando espacios de confianza para que las personas se expresen con libertad y digan lo que piensan sin ningún tipo de condicionamientos ni reservas.

¿Son entonces las mediciones de audiencia un recurso suficiente? Claramente no lo son: por las metodologías que utilizan, porque trabajan sobre la lógica reduccionista de la aceptación o el rechazo, porque no hay informes detallados sobre segmentos, porque se desconoce la manera en que los públicos utilizan la información que reciben, porque son parte de la mecánica de autoalimentación del negocio de los medios, entre otros señalamientos. Sin desestimar las mediciones, éstas no son el único ni el más adecuado método para evaluar lo que las audiencias ciudadanas requieren y necesitan.

A modo de ejemplo: por iniciativa privada, en Perú se ha desarrollado la experiencia de veeduría ciudadanía de la comunicación, de la que participan los propietarios de los medios, los productores, los publicitarios, los profesionales de la comunicación y los representantes del público a través de distintos organismos ciudadanos. Su función es analizar, desde criterios basados en el derecho a la comunicación, pero también desde los valores propios de la democracia y la ciudadanía, cuestiones tales como el aporte que los contenidos de los medios están haciendo a la construcción ciudadana, los valores que se ponen en juego o las posibles exclusiones o discriminaciones. En Colombia, México, Brasil y Estados Unidos, entre otros, existe la figura del “ombudsman” o representante del lector en muchos medios gráficos, una experiencia que aún no ha logrado plasmarse con éxito en la Argentina.

Una iniciativa de auditoría o de vigilancia ciudadana de los medios debería abrir además la posibilidad del debate público (incluso en el sistema de medios) sobre los contenidos, las propuestas y hasta sobre la programación. Sin obligar a nadie, pero para escuchar y sumar otros puntos de vistas y otras voces hoy silenciados al quedar sepultados bajos los inexpresivos porcentajes de las mediciones de audiencia.

Si la sola iniciativa de un observatorio sobre la discriminación en los medios provocó una reacción equivalente a un atentado contra la libertad de expresión, es posible que una propuesta de este tipo genere iguales o peores resistencias. Como si los derechos de las empresas mediáticas se ubicasen siempre por encima de los derechos ciudadanos y sobre el derecho humano a la comunicación.