[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Alicia Oliveira (*)

En 1993, en plena privatización de lo público, se decidió también privatizar el dolor. Se comenzó entonces a hablar de las ventajas de la privatización carcelaria. Como los intereses en juego son muchos, sólo afectó a algunas áreas.
La más inocua, aquella que no iba a estar sometida a ninguna crítica, era la destinada a la pequeña clientela del sistema. Esa clientela que los ideales “salvacionistas” de la clase media vernácula siempre quisieron colocar en imaginarias e idílicas granjas, y en reformatorios modelos y pacatos. Se creó –entre otras– la Fundación Felices los Niños. Esta fundación estaba presidida por el padre Julio Grassi, un oscuro sacerdote separado de la orden salesiana, que comenzó su perfil mediático con una campaña de caza de brujas en la que se hablaba de ritos satánicos practicados por sectas umbandas. En función de ello, un gran número de personas fue perseguido y encarcelado y a él le sirvió para dar el gran salto en el mundo del poder.
Los donantes de la Fundación son poderosos. No hace falta repetir los nombres porque son por demás conocidos: hace años que vienen llevándose la plata de la Argentina. Y el origen de las donaciones es sospechoso. Habría que averiguar si no hay relaciones con el lavado de dinero.
La Fundación Felices los Niños es una macroinstitución de encierro que reproduce violencia –como toda macroinstitución–, donde existe un permanente abuso de poder y donde no hay ningún trabajo institucional de revinculación de los chicos con las familias. Esta situación llevará a los chicos, al final de su camino, a ingresar en las cárceles de adultos para justificar las campañas de ley y orden con las que nos agobian diariamente el Estado y los medios de comunicación social. Es sabido, también, que este tipo de macroinstituciones, sobre todo cuando en su sostenimiento interviene dinero mal avenido, ha servido para la industria de la prostitución infantil y la venta de niños. Por eso es necesario tener una mirada atenta sobre ellas.
¿Qué hacen los jueces de menores? En general, los niños que son separados de sus familias e internados en estas instituciones mediante una medida tutelar de supuesta protección son abandonados sin que el juez haga ningún intento por revincularlos con sus vínculos afectivos y familiares o, en el caso de que no los tuvieren, buscar sustitutos para esas carencias. Es más cómodo para los funcionarios judiciales tener un depósito infantil y poder leer expedientes, que ocuparse del tan mentado “interés superior del niño” para el que fueron designados.
En este caso particular, los jueces de menores han cometido gravísimas faltas, permitiendo tanto la exposición de los chicos en la televisión en defensa de Grassi, como la lectura mediática de los expedientes tutelares para descalificar a testigos. Los expedientes tutelares son documentos siempre reservados, porque informan sobre la intimidad de los chicos.
Los medios de comunicación social –aun aquellos que critican al padre Grassi por las imputaciones de conductas delictivas– llenaron de loas la existencia de la Fundación. De hecho, mientras en distintos programas televisivos se hablaba del “caso Grassi”, se pasaba simultáneamente un 0600, cuyo valor de llamada era 5 pesos más IVA, para colaborar con la Fundación. Tanto los detractores como los defensores del detenido no cesaban de recordar que “más allá de la inocencia o culpabilidad de Grassi, no debíamos olvidarnos de los niños y de esa maravillosa Fundación que les estaba dando cobijo”.
Resulta claro entonces qué poco se sabe o qué poco interesa la situación del niño institucionalizado bajo la justificación de desamparo que dan sus apropiadores. Muchos periodistas están convencidos de que, a través de los elogios a la Fundación, van a cubrir a las empresas donantes que son las avisadoras de sus diarios, revistas y programas, con el olvido claro de unpensamiento crítico e independiente, que en algún tiempo les permitió cierta creatividad.
El control penitenciario y manicomial, para ser eficaz, necesita controlar grupos humanos, borrar la categoría de persona y construir la de “sujetos”: sujetos a la autoridad de la tutela estatal y judicial, sujetos a la autoridad de la protección “benefactora” de las elites gobernantes. Controlar grupos humanos supone encerrarlos, especificar claramente los límites de la libertad de tránsito y de sociabilidad. Y mantener grupos humanos encerrados, controlados, convierte cualquier espacio de sociabilidad en un espacio en el que las perversiones se expanden, como locura furiosa o como cuerpos dóciles. El positivismo criminológico, más que estudiar sujetos y desviaciones y enfermedades mentales, quiso producir enfermedades, desviaciones y sujetos para estudiarlos. Las instituciones de beneficencia decimonónicas, más que tutelar y proteger sujetos, querían producir buenos siervos y buen personal doméstico.
No debiera extrañar a nadie medianamente acostumbrado al ejercicio de pensar el procesamiento del padre Julio Grassi, presidente de una fundación en la que se mantenía en estrictos límites a más de seis mil niños, tras la acusación de presuntos abusos de autoridad y posibles abusos sexuales. Claro que ese ejercicio de pensar no es el que practica la mayor parte del periodismo de opinión, la mayoría de los jueces de menores y parte de la opinión pública. El caso Grassi ha servido para cubrir horas y horas de rating televisivo, mostrando y haciendo desaparecer en ese escenario a los niños, que son sus víctimas. Esos chicos que aparecen en las cámaras me recuerdan a la figura del extraño de la que habla George Simmel. Dice: “El extraño no es la persona que llega hoy y se va mañana. El extraño es la persona que llega hoy, mañana no se va y tal vez no se va nunca, pero todo el tiempo existe la posibilidad de que se vaya. Aunque no se vaya, nunca abandona del todo la posibilidad de poder irse. Lo sabe muy bien. También lo saben los que lo rodean, participa, es un miembro activo, pero en menor medida que el resto de la gente. Los que lo rodean nunca pueden influenciarlo del todo”.

* Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires