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Dentro de Israel y fuera de Israel. Dentro: los artículos de un proyecto de ley presentado a fines de abril en la Knesset, o Parlamento israelí, establecen la clausura o la imposibilidad de registro de las ONG locales “sospechosas de proporcionar información o estar involucradas en procesos contra oficiales o comandantes por violaciones del derecho humanitario internacional o por crímenes de guerra” (www.jnews.org.uk, 29410). Es la segunda ley que, con esos fines, se discute en la Knesset. El grupo ultranacionalista Im Tirtzu –Segunda Revolución Sionista–, por su parte, ha desatado una campaña contra estas ONG porque pretenden que esos crímenes sean juzgados fuera de Israel, ya que sus tribunales no procesan a los culpables. Otra muestra de la democracia israelí.

Fuera de Israel: The New York Times informa que el primer ministro Benjamín Netanyahu calificó “la ilegitimación de Israel en el exterior” de “amenaza estratégica fundamental” (www.nytimes.com, 5-4-10). El artículo cita las expresiones de un asesor directo del premier sobre las organizaciones de derechos humanos internacionales que, como Human Rights Watch, critican las políticas de Tel Aviv: el gobierno israelí –dijo– “dedicará tiempo y personal a combatir a esos grupos”.

Un atisbo de cómo se puede percibir en el documento titulado Building a Political Firewall Against Israeli Deslegitimization que el think tank israelí del Instituo Reit elaboró luego de un año de investigaciones con la participación de 100 expertos de Israel, EE.UU. y Gran Bretaña (www.reitinstitute.org, 27-4-10). En la web del organismo se definen sus propósitos: “Reut es un grupo político innovador que brinda apoyo estratégico a los líderes y decisores israelíes. No tiene fines de lucro, se radica en Tel Aviv, y son gratuitos los servicios que presta a personas con liderazgo, autoridad e influencia en los asuntos públicos de Israel”. Una síntesis del documento citado se presentó en una reunión del gabinete israelí con el título de “El desafío que la ilegitimación entraña para la seguridad nacional de Israel”.

Reut muestra preocupación por “la dura crítica global que ha padecido Israel” el año pasado en razón del informe Goldstone, preparado para las Naciones Unidas, que investigó la llamada “operación plomo fundido”, es decir, la acción armada israelí en buena parte realizada contra la población civil de Gaza y su infraestructura. No es que la critique, sólo comprueba, y señala que la crisis ilegitimadora “perjudica” la libertad de Israel para lanzar “duros” ataques militares de esa índole. Subraya la importancia crucial de que el gobierno israelí supere dicha crisis para recuperar su ilimitada facultad de actuar militarmente.

El documento divide en dos “las redes” que hostigan a Israel: la primera es la de la resistencia, que comprende a Irán, Hezbolá, Hamas, fracciones palestinas e islamitas, los terroristas, en suma. La segunda opera en la arena internacional “para negar a Israel el derecho a existir e incluye a individuos y organizaciones occidentales que la izquierda radical cataliza”.

Véase quiénes son estos ilegitimadores, según el Reut: los que censuran al gobierno israelí porque no cumple con el derecho internacional y evita que sus líderes políticos y militares sean sometidos a la justicia universal; los que califican de agresión, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad los ataques militares que Israel llevó a cabo contra los palestinos y países vecinos como el Líbano; los que tildan de “ilegales e inmorales” las asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados; los que encuentran similitudes entre el sistema israelí y el régimen de apartheid; los que exigen que se ponga fin a la discriminación de los árabes israelíes; los que declaran que el bloqueo de Gaza es un castigo colectivo ilegal, y aun otros.

En el párrafo 108 del documento se afirma que toda retirada israelí de alguno de los territorios palestinos ocupados (desde hace 43 años) entregará una plataforma para actividades militares hostiles a Tel Aviv. Lo que llama la atención es que esta arremetida contra la presunta ilegitimidad de los otros no menciona las incontables resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones que establecen la ilegalidad y la ilegitimidad de la ocupación israelí de territorios palestinos y de Siria, resoluciones que Israel incumple sistemáticamente. Para no hablar de la cuarta Convención de Ginebra y de los tratados internacionales que prohíben la tortura y los tratos crueles y degradantes a la población civil.

En el párrafo 124 se recomienda “atacar”, “sabotear”, “hacer pagar un precio a los que atacan a Israel” en el exterior y montar “una contraofensiva” destinada a los ilegitimadores. Como defensa de la libertad de expresión es impecable. Y mejor abstenerse de criticar cualquier guerra, cualquier delito de lesa humanidad del gobierno de Tel Aviv. Quien lo haga busca “convertir a Israel en un estado paria socavando su legitimidad moral y aspira, en última instancia, a eliminar la ‘entidad sionista’”. Sic.