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A más de tres años del inicio de la causa, el juez Rodolfo Canicoba Corral volvió a mover el expediente en el que se investiga si el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y las principales autoridades del Indec violaron el secreto estadístico y manipularon datos para tergiversar el resultado del Indice de Precios al Consumidor. La investigación arrancó a principios de 2007 por una denuncia de diputados de la oposición y hasta el momento el magistrado no reunió elementos de prueba contundentes en contra de los funcionarios. Ahora dispuso que un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA evalúe si la ex funcionaria del Indec Beatriz Paglieri tiene o no razón en sus justificaciones sobre los cambios metodológicos en la medición de la inflación y en sus acusaciones en contra de gestiones anteriores por cómo hacían el trabajo.

Paglieri fue la funcionaria que quedó a cargo del área del IPC después del verano de 2007, cuando Moreno empezó a tener injerencia en la conducción del Indec. Ella figura entre los acusados por los querellantes y aparece imputada por el fiscal Carlos Stornelli, quien estuvo en el inicio de la investigación y ahora retomó el cargo tras pasar por el Ministerio de Seguridad bonaerense. Sin esperar a que Canicoba Corral la llamara a declarar, Paglieri se adelantó con la presentación de un voluminoso escrito en el que detalla todo lo actuado en relación con la medición de la inflación. Allí se defiende de las críticas, pero también formula otras a algunos de sus antecesores en cargos jerárquicos del Instituto.

Canicoba Corral se basó en esa exposición voluntaria de Paglieri para obtener nuevo material que sirva a la evaluación de los hechos. Para ello remitió el documento de la ex funcionaria del Indec –ahora se desempeña en una oficina de Comercio Exterior– a un grupo de profesores de Ciencias Económicas de la UBA. No es estrictamente un peritaje, sino una forma de constatar si lo que planteó Paglieri es razonable o no. El peritaje en esta causa ya se hizo. Estuvo a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que respondió que en base a la información remitida no podía determinar que hubiera habido violación del secreto estadístico.

Lo que el juez busca establecer es si la actual conducción del Indec se manejó con “razonabilidad” en los cambios que introdujo en el IPC. En principio, no hay críticas severas en ese sentido. La mayoría de los críticos del Indec lo que pone en duda es cómo se vuelcan los datos. Por eso, esta participación de profesores de la UBA podría resultar más una forma elegante de terminar con la causa que una nueva vuelta de tuerca en la investigación. Sin embargo, la defensa de Paglieri ya impugnó a uno de esos profesionales por haber firmado una solicitada en contra de las autoridades del Indec y reclamó que se cuide la imparcialidad de quienes intervengan.