Una sábana negra como un enorme crespón de luto cruzaba la fachada de los tribunales porteños. Cuatro coronas funerarias de ATE-CTA, UEJN y la CGT rodeaban la entrada. Sobre la vereda, un escritorio, también con flores. Y detrás de él, los jueces Elena Liberatori y Roberto Andrés Gallardo, que denunciaron que “la Justicia está de luto”. Sus Señorías advirtieron que el “conflicto de poderes” que impulsa la gestión de Mauricio Macri es “un intento por disciplinar y amordazar a los jueces”. Los dos magistrados, junto con Guillermo Scheibler, deberán asistir hoy a una audiencia pública en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que debe decidir si se extralimitaron en sus funciones al interrumpir el proceso de designación de Daniela Bruna Ugolini, la candidata de Macri para ese tribunal.

El jefe de Gobierno porteño viene teniendo éxito en lograr que los magistrados se pronuncien públicamente (contra él), algo que no es habitual en Tribunales. Camaristas, jueces, legisladores opositores y dirigentes gremiales acompañaron a Gallardo y Liberatori en una conferencia de prensa en la que explicaron que el proceso contra ellos se inició tras cinco fallos distintos que señalaban defectos de procedimiento para designar a Ugolini. Macri en persona planteó un “conflicto de poderes” ante el TSJ, que secuestró todas las causas y allanó el camino para que se votara su pliego en la Legislatura. Sin embargo, no reunió los votos suficientes.

El macrismo consiguió también que se presentara la Legislatura porteña en la causa y avanzó para que el tribunal dicte sentencia sin dilaciones. Pero se olvidaron de un pequeño paso previo: la audiencia pública, que se hará hoy en la sede del TSJ, Cerrito 760. Frente al lugar, los curas villeros darán una misa y se movilizarán distintos movimientos territoriales. En el comunicado en el que la convocaron, los miembros del TSJ señalaron que “los jueces son citados para dar su visión acerca de su competencia funcional y no en defensa de responsabilidades personales”.

Los magistrados no son de la misma opinión: “Tuvimos que sacar los escritorios a la calle para explicar que intentan disciplinarnos”, planteó Gallardo. “Que le arranquen a un juez un expediente de la mano constituye un acto intimidatorio”, advirtió Liberatori. “Esto nos pone a todos en estado de alerta”, señaló Gallardo, quien sostuvo que “ya estamos acostumbrados a que el jefe de Gobierno se agravie y diga que es una operación política. Por eso, les leo lo que dijo en su fallo la jueza del TSJ Alicia Ruiz: ‘Es un intento de disciplinamiento de los jueces de las instancias ordinarias que no guarda coherencia con el orden democrático’”.

–Olé, le, olá, la, acá está la Justicia que no podemos comprar –corearon los militantes de Barrios de Pie y el MTL-CTA, de Carlos Chile.

Detrás de los magistrados, estaban los legisladores Fabio Basteiro y Julio Raffo (Proyecto Sur), Francisco “Tito” Nenna y María José Lubertino (Frente para la Victoria), Eduardo Epszteyn y María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) y Diana Maffía (Coalición Cívica). También los respaldó el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, que dirige el gremio de Judiciales; el titular de UTE-Ctera, Eduardo López, y Rodolfo Arrechea, de ATE Capital. Del Poder Judicial se pudo ver a la camarista Mabel Daniele, al juez Vicente Cataldo, al titular de los defensores Mario Kestelboim y al asesor tutelar Gustavo Moreno. Adhirieron las coordinadoras vecinales de varias villas.

“Lo que quiere hacer el gobierno porteño es amordazar a la Justicia y esperemos que el TSJ no sea cómplice”, sostuvo Piumato. “Esto es volver a la Justicia de los ’90, cuando la Corte operaba sobre los jueces para que fallaran en un determinado sentido y, cuando no era posible, utilizaban el per saltum”, sostuvo el dirigente de la CGT. “Es un avance contra los jueces que demostraron compromiso con los derechos sociales: Liberatori falló en contra de los despidos; Gallardo, a favor de la carpa docente cuando fue la represión y en contra de que nos descontaran los días de paro”, recordó López, de UTE-Ctera. “La independencia del Poder Judicial es un elemento central de la democracia. Macri no soporta que la Justicia lo controle”, planteó Basteiro. “Está en juego la transparencia de un proceso de elección de una jueza del TSJ”, precisó Maffía.

“Macri, que reclama institucionalidad a los cuatro vientos, está violentando las instituciones para apretar a los jueces que fallan conforme a derecho, pero contrario a sus intereses”, advirtió Lubertino. “Los intentos de maniatar la Justicia porteña son una forma autoritaria de gobierno. No hay ‘conflicto de poderes’. Lo que hay es una constante tendencia a ignorar la independencia de los poderes, por parte de un gobierno que actúa desde un lugar de soberbia y negación”, señalaron en un comunicado los legisladores de Diálogo por Buenos Aires, Aníbal Ibarra incluido.