[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El señor Alan Schreiber, director ejecutivo de la Comisión de Espárragos en Eltopia, estado de Washington, estaba algo desesperado. Corría fines de junio y no había razones para ello: el tiempo favorecía la cantidad y calidad de la cosecha, la demanda seguía alta, los precios también. Pero había que recoger los espárragos y “no pudimos encontrar la gente para hacerlo”, declaró a The Seattle Times (//seattletimes.nwsource.com, 29-6-12). “Creo que estamos todos aterrorizados”, agregó B. J. Thurlby, presidente de la Comisión de Frutas del estado de Washington. Se refirió así a las plantaciones de cerezas: “¿Podremos levantar la cosecha? Es una cuestión de mil millones de dólares”.

Deberían quejarse a Obama, que en los dos primeros años de su gobierno deportó a un 30 por ciento más de inmigrantes indocumentados que su antecesor en el mismo período.

El 73 por ciento de ellos, mexicanos (www.pewhispanic.or, 23-4-12).

California y otros estados padecen el mismo mal: la falta de mano de obra rural, siempre, o casi, integrada por inmigrantes indocumentados, latinoamericanos en general y mexicanos en particular. Georgia aprobó el año pasado una ley que criminaliza al inmigrante sin papeles: la policía puede detener a cualquiera que le parezca sospechoso aunque no haya cometido delito alguno (//actualidad.rt.com, 4-3-11). Muchos se fueron del estado y a su gobernador, el republicano Nathan Deal, no se le ocurrió idea mejor que reemplazarlos con los presos. El plan no fue muy exitoso: no pocos preferían volver a la cárcel por la tarde y “los granjeros perdieron millones de dólares por lo no cosechado que se pudría en el campo” (//thinkprogress.org, 19-4-2012).

Impera en Carolina del Sur una ley que obliga a los empresarios a verificar la situación legal de los extranjeros que emplean, pero hay indocumentados que nada tienen que temer: la ley no se aplica a obreros rurales, amas de llave y nodrizas (//latino.foxnews.com, 19-3-12), en fin, lo que necesitan los amos.

La periodista Tracie McMillan investigó las condiciones del trabajo en el campo para su libro The American Way of Eating (Scribner, Nueva York, 2012) y cosechó duraznos y ajos en completo anonimato. Quería “entender la lógica interna que gobierna el movimiento de cada manzana y cada calabacín... hasta que terminan en los platos de nuestra cena”. Pagó la experiencia con meses de recuperación de la casi inmovilidad de un brazo.

Persiste en EE.UU., como en otros países, la misma queja: “Los inmigrantes se roban nuestros empleos”. La Unión de trabajadores agrícolas lanzó en el 2010 la campaña “Tomen nuestros trabajos” invitando a los ciudadanos estadounidenses a reemplazar a los indocumentados y conocer así las condiciones en que se desempeñan (www.ufw.org, 24-6-10). El actor y escritor Stephen Colbert fue uno de los 16 que aceptaron el reto. A pedido de la diputada demócrata Zoe Lofgren, rindió testimonio sobre lo que había experimentado ante el Subcomité jurídico de inmigración, ciudadanía y seguridad fronteriza de la Cámara de Representantes: “Por favor, que no me hagan hacer esto de nuevo. Es realmente duro, realmente. A estas alturas, cada vez que veo una ensalada me corre un sudor frío” (www.youtube.com, 24-9-10).

Colbert manejó la ironía que en su programa de TV habitualmente asesta a políticos e instituciones: “La solución sería que dejáramos de comer frutas y verduras... Esto es EE.UU., no quiero que un tomate sea cosechado por un mexicano, quiero que lo coseche un estadounidenses, que lo parta un guatemalteco y que lo sirva un venezolano en un spa donde un chileno me dé una brasileña”. Regresó a la seriedad solicitando que se otorguen más visas a los indocumentados.

Pareciera que el presidente Obama lo escuchó. Parcialmente. En pleno año electoral, y bajo una lluvia de críticas de los republicanos, anunció que no se deportará a los indocumentados menores de 30 años que entraron en EE.UU. antes de los 16, no han cometido delitos, estudian o estudiaron o sirvieron dos años en las fuerzas armadas. Deben probar que han vivido sin interrupción en el país durante cinco años (www.dhs.gov, 15-6-12), difícil para quienes ingresaron sin mostrar pasaporte. El Pew Hispanic Center (PHC) estima que la medida beneficiará a 1,4 millón de indocumentados, pero no es permanente, sólo posterga dos años la deportación.

¿Y los demás? Un estudio del PHC señala que en EE.UU. hay cuatro millones de niños “ilegales” que tiene un padre o una madre sin papeles y que nacieron en EE.UU., de manera que son o debieran ser considerados estadounidenses. Cuando deportan a sus padres tiene que elegir entre volver con ellos o quedarse. Julie Quiroz, a los 12 años, eligió lo último y vive separada de su madre mexicana. “Es muy duro abandonar a la familia”, declaró a CNN. Para la familia, también.